Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica interpusieron dos denuncias ante el Comité de Derechos Humanos por los casos de María Esther Aguilar Cansimbe y José Antonio García Apac, ocurridos en Michoacán en 2009 y 2006.
Las organizaciones solicitaron que se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano y se determinen las violaciones cometidas contra los derechos fundamentales de los periodistas y sus familias, incluidos la vida, la libertad, la integridad y la libertad de expresión.
Propuesta Cívica advirtió que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Los casos denunciados reflejan la violencia extrema contra la prensa, la impunidad persistente y la falta de acciones efectivas del Estado para sancionar a los responsables.
De acuerdo con cifras oficiales, en las últimas dos décadas han desaparecido al menos 28 periodistas en el país, en un contexto en el que más de 130 mil personas permanecen no localizadas.
La colusión entre autoridades y grupos criminales ha profundizado los riesgos para la prensa, colocando a México entre los lugares más letales del mundo para quienes ejercen esta profesión.
