América Latina enfrenta una transformación profunda en los mecanismos de silenciamiento, ya que si bien la violencia letal persiste, convive con estructuras cada vez más sofisticadas que buscan anular la crítica y restringir el derecho a informar, expuso Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 México y Centroamérica.
En la conferencia regional 'Periodismo frente al silencio: diálogo sobre libertad de prensa', expuso que la censura ya no se expresa únicamente a través de asesinatos, desapariciones o encarcelamientos, sino que hoy opera también mediante estigmatización, acoso judicial, opacidad, vigilancia, exilio y presión institucional.
En este entorno, alertó que “México es un laboratorio donde se cruzan viejas y nuevas formas de agresión contra la prensa”, pues no solo persiste la violencia sino que al mismo tiempo se expanden nuevas herramientas de control de información y vigilancia.
En este sentido, Artículo 19 documentó 451 ataques en 2025 en México, es decir, una agresión cada 19 horas.
En el marco del aniversario XX de la organización, Maldonado ahondó en que estas agresiones se derivan de un ‘ambiente hostil’, producto de la estigmatización, el descrédito, la presión acumulada, el aislamiento y el exilio, que ocurre en 44% de los casos, seguido por el abuso del poder público, con 34%, y la violencia física, con 12%
Maldonado sostuvo que las entidades del país con más agresiones registradas fueron Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Michoacán y Oaxaca.
Durante su intervención, Maldonado, presentó un diagnóstico regional en el que en 2025, Artículo 19 documentó al menos 12 asesinatos de periodistas vinculados con su labor informativa. De ellos, siete ocurrieron en México, tres en Guatemala y dos en Honduras.
A esto se suma, en el caso mexicano, una desaparición y ocho intentos de asesinato, lo que mantiene al país como el más letal de la región para ejercer el periodismo.
En total en la región, Artículo 19 registró 674 agresiones contra la prensa en cuatro países: 451 en México; 91 agresiones en Guatemala; 77 en Honduras; y 55 en El Salvador, y más de 1,200 agresiones documentadas por organizaciones de Cuba y Nicaragua.
“Lo que conecta estas situaciones no es uno ideología específica, sino una lógica compartida, que radica en la concentración de poder, la permisibilidad a los poderes fácticos para agredir, sobre todo del crimen organizado, la deslegitimación de la crítica y la utilización del aparato estatal, ya sea penal administrativo o fiscal para el escrutinio público”, destacó Maldonado.
Ambiente hostil profundiza censura contra la prensa
Para Maldonado, uno de los hallazgos más preocupantes del informe regional de Artículo 19 es que la censura ya no solo se ejerce con golpes o balas, sino como producto del 'ambiente hostil' existente en la región.
En El Salvador, esa dinámica representa más del 90% de los casos documentados; en México, 44%; en Guatemala, más de la mitad; y en Honduras, más de un tercio.
Agregó que junto a esa asfixia ambiental opera el abuso del aparato estatal para castigar la crítica, respecto al cual Artículo 19 documentó 151 casos de uso del poder público contra la prensa en México; 34 en Honduras; 20 en Guatemala; y 5 en El Salvador.
No hace falta encarcelar a periodistas, cuando el entorno mismo se vuelve inviable para ejercer el oficio
En México, la mitad de las agresiones provienen de autoridades; en Honduras, dos de cada tres; en Guatemala, 60% de los abusos de poder se registran en tribunales y ministerios públicos; y en El Salvador, el Estado es responsable del total de los ataques documentados.
Añadió que el acoso judicial se ha convertido en uno de los mecanismos más eficaces para inhibir el trabajo periodístico, y en el caso de México aumentó 7% en un año, lo que equivale a una nueva acción legal contra la prensa prácticamente cada semana.
A este respecto, expuso que recurrir a delitos de difamación, lavado de dinero, terrorismo o traición a la patria aparece en distintos países como parte de una la tendencia de convertir al derecho penal y administrativo en una herramientas de silenciamiento.
En el caso mexicano, Maldonado identificó además un punto de quiebre en el cierre del acceso a la información pública con la desaparición del órgano autónomo de transparencia en 2024, que ha derivado en que el derecho a saber se vuelva más técnico, más costoso y, en los hechos, más restringido.
A este escenario se suma la vigilancia, fenómeno en el que México ha destacado no solo con la vigilancia selectiva e ilegal contra periodistas y defensores como ocurrió con el software espía Pegasus en. 2019, sino que se está institucionalizando un entramado legal que permite la interconexión de bases de datos públicas y privadas, el uso de información biométrica y el acceso a datos en tiempo real sin controles judiciales robustos.
“Lo que emerge de todo esto no es una suma de problemas aislados, sino un modelo donde un Estado incrementa y expande su capacidad de vigilar mientras se debilita los mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas. Para dejarlo claro, el Estado cada vez más sabe de nosotros, la ciudadanía, cada vez sabe menos del Estado”, alertó.
En este escenario, el director regional de Artículo 19 México y Centroamérica hizo un llamado a no normalizar el deterioro y a romper el silencio.
