A siete años del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre la persistente represión que el gobierno nicaragüense ejerce contra personas disidentes, entre los que se encuentran cientos de periodistas detenidos o en el exilio.
Según el organismo, más de 450 personas fueron despojadas arbitrariamente de su nacionalidad y, desde enero de 2024, a al menos 290 nicaragüenses se les negó su reingreso al país, al tiempo que se registraron 348 actos de represión migratoria, incluyendo desplazamientos forzados y expulsiones colectivas.
Las y los periodistas se han convertido en uno de los principales grupos afectados por el despliegue de mecanismos de censura y manipulación del sistema penal, así como de medidas administrativas restrictivas. Estas acciones buscan silenciar voces críticas y consolidar un monopolio informativo estatal.
El pasado 13 de marzo, medios que operan bajo el dominio .com.ni, como Confidencial, La Prensa, 100% Noticias y Onda Local, fueron bloqueados de manera arbitraria.
En un comunicado reciente, la CIDH destacó que más de 400 mil personas se han visto obligadas a huir de Nicaragua para salvaguardar su vida, su integridad y su libertad personal.
A este respecto, un reciente reporte de la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia y (FLED) reportó que 289 periodistas y trabajadores de medios están en el exilio.
El informe de la CIDH agrega que el Gobierno ejerce un control arbitrario sobre la renovación de documentos de identidad y procede a confiscar documentos de viaje válidos.
Van 2 mil detenciones arbitrarias
Por otro lado, la CIDH registra actualmente 42 personas privadas de su libertad en condiciones contrarias a la dignidad humana, en una situación que forma parte de más de 2 mil detenciones arbitrarias documentadas desde 2018.
Ante este panorama, el organismo solicitó al Estado de Nicaragua cesar inmediatamente las violaciones a los derechos humanos, restablecer el Estado de derecho y liberar de forma urgente a quienes permanecen bajo detención por motivos políticos.
Asimismo, la CIDH llamó a la comunidad internacional a intensificar esfuerzos para poner fin a la represión y emprender acciones concretas que permitan restablecer la democracia en Nicaragua.
Durante 2024, el organismo adoptó 13 medidas cautelares para salvaguardar a personas en riesgo grave e irreparable y solicitó la ampliación de dos medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales fueron aprobadas.
Paralelamente, denunció la cancelación arbitraria de 5,441 organizaciones de la sociedad civil que cumplían funciones vitales en ámbitos sociales, religiosos, de desarrollo y educativos, lo cual, en numerosos casos, fue acompañado de la confiscación y apropiación ilegítima de sus bienes.
