Organizaciones defensoras de la libertad de expresión expresaron su preocupación ante la aprobación de la reforma al Código Penal en Puebla que promete combatir el “ciberasedio”, pero que podría ser utilizada para castigar críticas que puedan resultar incómodas.
Advirtieron que la redacción es ambigua y podría penalizar mensajes críticos o satíricos, particularmente contra periodistas y medios.
José Roberto Dutriz, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, subrayó que “lo que está en juego es el derecho de toda la sociedad a informarse y debatir".
"Esta iniciativa puede borrar del espacio público información incómoda, dañando la memoria colectiva y la rendición de cuentas”, ahondó.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), enfatizó que “esta ley corre el riesgo de institucionalizar la censura por encargo… sin debate público, sin transparencia y sin defensa posible.”
Esta ley corre el riesgo de institucionalizar la censura por encargo… sin debate público, sin transparencia y sin defensa posible.”
Bajo el argumento de proteger derechos personales, la iniciativa aprobada establece mecanismos para que cualquier persona pueda solicitar la eliminación de contenidos digitales sin orden judicial ni revisión independiente, lo que podría derivar en censura encubierta y limitar gravemente la libertad de expresión en entornos digitales.
La reforma crea el delito de “ciberasedio”, para “quien, a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emociona".
La Ley establece penas con prisión desde 11 meses hasta tres años.
La reforma forma parte de un paquete que también tipifica usurpación de identidad, espionaje digital, fraude electrónico, hacking y grooming.
Los foros, aún sin fecha, que ordenó ayer el gobernador del estado, convocarían a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, gremios periodísticos, colegios de abogados y organizaciones civiles para revisar alcances y eventuales ajustes.
Artículo 19 sostiene que la norma “viola el principio de taxatividad penal y no incorpora el criterio técnico especializado”.
Con información de El Sol de Puebla
