El senador de Morena, Ricardo Sheffield, amenazó con demandar al periodista Antonio Nieto tras la publicación de un reportaje en La Silla Rota que expone una presunta red de corrupción en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en la que estarían involucrados funcionarios y exfuncionarios, incluido Sheffield, ex titular de la dependencia.
La investigación periodística, difundida en agosto, se basa en una carpeta de la Fiscalía General de la República (FGR) y cita directamente declaraciones ministeriales de un testigo protegido que vincula a Sheffield, su sucesor David Águila Romero y más de una docena de funcionarios con la supuesta exigencia de dádivas a empresarios gasolineros.
Según los testimonios, los pagos se realizaban a cambio de evitar ser exhibidos en la sección “Quién es quién en los precios” de las conferencias matutinas del presidente López Obrador.
El reportaje incluyó el número de expediente, fragmentos de las declaraciones y la postura del senador, consultado previamente.
Pese a ello, Sheffield negó públicamente la investigación. Posteriormente, envió al periodista un mensaje de WhatsApp con el video y la frase: “Ojalá ya podamos cerrar el tema. Nos vemos en los tribunales”, lo cual representa una amenaza directa de acción legal.
Desde entonces, Nieto ha recibido mensajes intimidatorios en la red social X, con advertencias como “no te aparezcas en Guanajuato” o “deja de molestar al senador”.
Cabe destacar que el periodista cuenta con medidas del Mecanismo Federal de Protección desde hace cinco años, tras haber sido víctima de vigilancia e intimidación.
Exigen acción inmediata y garantías institucionales
La organización Artículo 19 y Antonio Nieto, hicieron un llamado urgente al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que revise y refuerce las medidas de protección, incorporando una estrategia integral que contemple el riesgo derivado de actores políticos con poder institucional.
Asimismo, solicitaron al Senado de la República pronunciarse públicamente contra estos actos de intimidación y garantizar que sus integrantes se conduzcan con respeto a la libertad de prensa, la rendición de cuentas y el escrutinio público.
“El uso del poder político para desacreditar o intimidar a periodistas vulnera directamente el derecho a la libertad de expresión”, advirtió Artículo 19.
La organización recordó que, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de violencia o intimidación contra periodistas.
Los funcionarios públicos, por su rol, deben mantener un mayor umbral de tolerancia y abstenerse de usar su investidura para obstaculizar el trabajo de la prensa.
