La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo promovido por la periodista Myrna Susana Gómez, quien buscaba revertir la disminución de sus medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La decisión del máximo tribunal se basó en el criterio de extemporaneidad.
Según el expediente, la impugnación presentada por la comunicadora no cumplió con los plazos legales establecidos para controvertir la resolución administrativa que redujo su esquema de seguridad, a pesar de que la periodista ha denunciado reiteradas amenazas de muerte por parte del grupo delictivo conocido como Cártel Santa Rosa de Lima.
El caso inició cuando el Mecanismo federal determinó modificar las medidas de salvaguarda de Gómez, lo que ella consideró insuficiente ante el riesgo real y documentado que enfrenta en el ejercicio de su labor informativa.
La periodista argumentó que la reducción de estos protocolos vulnera sus derechos humanos y pone en riesgo su integridad física y su libertad de expresión.
Al declarar el recurso como improcedente, la SCJN no entró al fondo del asunto sobre si las medidas de protección eran o no adecuadas para los riesgos actuales de la periodista.
¿Qué implica?
Esta resolución implica que la vía legal para revertir el recorte de seguridad en esta instancia ha quedado agotada, dejando a la afectada sujeta a los esquemas previamente modificados por las autoridades administrativas.
El fallo de la Corte resalta las dificultades que enfrentan los periodistas en México para acceder a recursos legales efectivos cuando el Estado retira o disminuye las garantías de seguridad.
La sostenibilidad de la labor periodística en zonas bajo influencia del crimen organizado depende, en gran medida, de la eficiencia de los mecanismos de protección, cuya operatividad sigue siendo objeto de debate en el sector.
El siguiente paso para la periodista y sus representantes legales será valorar otras instancias de protección o solicitar una revisión de las condiciones de riesgo ante el mismo Mecanismo federal, bajo una nueva evaluación de vulnerabilidad.
