La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la campaña de hostigamiento que desde su programa de "televisión" denominado el “Martes del Jaguar”, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, ha emprendido en contra de medios de comunicación, tanto de cobertura estatal como nacional; por lo que pidió se suspenda de inmediato su campaña de desprestigio contra varios periodistas y prensa, a quienes desde esa trinchera ha propinado toda serie de insultos, calumnias y cuestionamientos, para desestimar su trabajo periodístico.

Asimismo, solicitó que se dé vista al relator de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, a efecto de que, desde esa instancia, también se emita un pronunciamiento sobre estos ataques y se lleven a cabo las acciones que correspondan para inhibirlos.

“Las agresiones que se han suscitado contra periodistas son incentivadas por señalamientos y ataques públicos desde el gobierno estatal y su titular, es decir, Layda Sansores que ha usado en la mayoría de los casos, las transmisiones del programa señalado, para los constante golpeteos y amenazas públicas”, advirtió la SIP

¿A quiénes ha atacado Layda Sansores?

Algunos casos a nivel nacional se han dado contra medios de gran difusión y alcance como es el caso de: Proceso, Grupo Fórmula, El Universal, Milenio, El Financiero, Imagen, Reporte Índigo, ADN, Tribuna Campeche, el medio de comunicación N+ que transmite por TelevisaUnivision, entre otros; la principal queja de la titular del ejecutivo en Campeche es que la información que la considera negativa al involucrarla en algunos casos actos graves de abuso de poder y corrupción de su gestión.

Por este tipo de notas, información e investigaciones ha provocado que se queje y ataque de manera personal contra periodistas como Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret, Joaquín López Dóriga, Carlos Marín, Raymundo Riva Palacio, Ricardo Alemán y Javier Tejado, por mencionar algunos, acusándolos, sin fundamento, de estar detrás de revelaciones periodísticas. Esto se puede corroborar, incluso, viendo el último programa transmitido por la Gobernadora el pasado 14 de febrero.

En el citado programa del 14 de febrero ataco a Fátima Monterrosa, periodista y reportera de N+, quien además fue denunciada por difamación recientemente por la gobernadora Layda Sansores en el programa “Martes del Jaguar”, Temporada 2, Capítulo 5, transmitido el martes 14 de febrero de 2023, en su segmento denominado Fake News.

Allí Sansores señaló que realiza periodismo difamatorio y por consigna e, incluso, llegó al extremo de vincularla falsamente y sin ningún fundamento con delitos de despojo y vinculados a un cártel de la Ciudad de México, todo por exhibir a través de un reportaje transmitido el 6 de febrero por N+ posibles actos de corrupción de funcionarios públicos que trabajan para la administración actual de la Gobernadora en esa entidad.

Sansores señaló que ha demandado a Monterrosa ante un juzgado de Campeche. Todo ello, sin duda, pone en peligro la vida, integridad y seguridad personal de Fátima Monterrosa. Cabe destacar que en el mismo segmento al que se hace referencia, se ataca y se cuestiona la labor de diversos medios, entre ellos Televisa y N+, así como de periodistas como Javier Tejado, Ciro Gómez Leyva, Ricardo Alemán y Raymundo Riva Palacio, entre otros.

Contra medios nacionales y contra medios locales

Sin embargo, y como ya se ha mencionado, los ataques de la gobernadora no se ciñen sólo a medio nacionales, los medios locales también han sufrido los ataques e injurias de Layda Sansores. Tal es el caso de Luis Armando Mendoza Leciano, quien, después de ser intimidado en el ejercicio de su actividad periodística por la misma Gobernadora Layda Sansores, denunció un atentado en su contra, un intento de incendio en su domicilio particular con bomba molotov que buscaba privarlos de la vida a él y a su familia.

Previamente, en el año 2022, los periodistas campechanos Ángel Escamilla, Carlos Martínez Caamal (Director de la Barra Noticias, a quien se dejó un mensaje escrito junto con una bala en su domicilio, al cual se ingresó ilegalmente) y el mismo Mendoza Leciano, entre otros, hicieron público que han sido objeto de amenazas, ataques y atentados a su integridad física, además de campañas de odio, denostaciones y violaciones a su derecho a la libre expresión.

Otro incidente es el de la Revista Proceso, que sacó una nota el 24 de enero de 2022 dando a conocer el modus operandi de la Gobernadora de Campeche para cometer posibles actos de corrupción, infiltración y espionaje, usando incluso familiares. En el programa “Martes del Jaguar” de ese mismo día y subsecuentes, Layda Sansores difamó, calumnió e insultó la labor periodística de Proceso y señaló que el medio había sido demandado.

Importante señalar que Proceso fue demandado ante la justicia local, en un entorno jurídico que carece de imparcialidad, pues las instancias judiciales locales han dado fallos a favor de la Gobernadora, sus colaboradores y familiares cercanos, aún sin contar con la jurisdicción correspondiente ya que deberían ser casos federales. -

Un ejemplo más de este ataque al periodismo es el de El Universal, medio que recibió una denuncia por violencia política de género por parte de la Gobernadora Layda Sansores, debido a que publicó notas y/o artículos de opinión que no le favorecen.

SIP alza la voz

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, Estados Unidos, condenó "la peligrosa conducta intimidatoria" y pidió a la gobernadora suspender de inmediato la práctica del desprestigio, "porque suele derivar en consecuencias de violencia física"

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, Carlos Jornet, agregó: "Para prevenir los efectos negativos de este tipo de campañas, pedimos a las autoridades nacionales que activen el sistema gubernamental de protección y seguridad para periodistas".

Greenspon y Jornet indicaron que la SIP se comunicará con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, a fin de solicitar medidas cautelares para los periodistas.

La SIP ha criticado en informes sobre México y en resoluciones el uso de la estigmatización, por tratarse de "una práctica común de líderes y políticos de las Américas", que puede derivar en "mensajes de odio, insultos, amenazas y ataques en contra de periodistas".

En febrero del año pasado, la SIP envió una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instándolo a suspender "todo discurso estigmatizante contra medios y reporteros". La SIP sostuvo que esa práctica, atentatoria de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, "representa hoy un aliciente para que los violentos descarguen su furia asesina sobre periodistas indefensos".