La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hizo un llamado al gobierno de México para resolver el asesinato del periodista Víctor Manuel Oropeza Contreras al cumplirse 30 años del crimen, así como poner fin a la ausencia de justicia que rodea a este caso y otros asesinatos contra periodistas.
Oropeza Contreras era médico y a lo largo de 28 años como periodista en su columna "A mi manera" publicada desde 1984 en el Diario de Juárez, de Ciudad Juárez, criticaba y denunciaba la estrecha relación entre los cuerpos policíacos y los narcotraficantes.
Víctor quien fue asesinado el 3 de julio de 1991, cuando un grupo de hombres ingresaron a su consultorio y lo apuñalaron, tras su muerte, su viuda Patricia Martínez Téllez y su familia fueron amenazadas.
A 30 años de este crimen, Juan Francisco Ealy Lanz-Duret, presidente de la Sub-comisión de la SIP contra la Impunidad, lamentó que no se tengan resultados de este artero crimen, ante ello la SIP está comprometida a seguir exigiendo que el crimen de Víctor Manuel Oropeza no quede impune y haremos todo lo posible para que no caiga en el olvido y que el Estado repare de forma digna a la familia.
Tras una investigación del crimen, la SIP presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 1997. La organización argumentó que las deficiencias en el proceso de investigación del asesinato violaron normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos referentes a los derechos a la vida, la integridad personal, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, las garantías judiciales y la protección judicial.
El caso de Víctor Oropeza ha pasado por varios procesos de discusión con autoridades de distintos gobiernos de México, pero quedó estancado en 2007. A fines de 2019 se retomaron las conversaciones con representantes del Estado. En la actualidad la SIP, junto a la familia, analiza un posible acuerdo de solución amistosa con el Estado que incluya, entre otras medidas, una investigación diligente del asesinato, la identificación y sanción de los responsables, el reconocimiento de responsabilidad del estado y la compensación para los familiares de la víctima.
