En Costa Rica se sentó un precedente en contra de la libertad de expresión al sentenciar como violatorio a la libertad de prensa y libertad de expresión que funcionarios de Salud tengan prohibido a hablar con los medios de comunicación.

El medio Costa Rica Hoy interpuso un amparo luego de que el Ministerio de Salud emitiera un oficio a su personal para prohibirles que hablaran con la prensa. La Sala Constitucional indicó que aun cuando el establecimiento de una vocería institucional no constituye lesión alguna a derechos fundamentales, sí se presente una vulneración parcial a los derechos fundamentales alegados, en razón de que no existe justificación alguna para establecer una prohibición al derecho de libertad de expresión de los funcionarios del Ministerio de Salud. 

Dicha prohibición implicaba que el periodista no podría contactar a alguna personas funcionaria, con el fin de obtener su opinión a título personal, sobre aspectos relevantes de interés público. 

Para los magistrados de Costa Rica, si bien es cierto que la política de comunicación define las vocerías, entendiéndolas como las personas designadas para expresar pública y oficialmente la posición de una institución, “también es cierto que todo funcionario público tiene derecho de compartir su visión particular y personal con respecto al funcionario de la institución”.

Se concluyó que “deben suministrar la información que considere relevante para prevenir, detectar o erradicar actos contrarios a los principios y normas éticas, de buen manejo de fondos públicos y de buen funcionamiento del ejercicio de la función pública o la prestación de un servicio”.

El Tribunal Constitucional advirtió que no debe impedírsele que comunique a un tercero esa visión o entrega de esa información, y mucho menos puede Áreas de Trabajo del Ministerio recibieron la nota donde se les prohibía hablar con medios de comunicación. aceptarse que se le abra un procedimiento administrativo disciplinario, ni imponer una sanción por tales hechos.

OFICIO “MORDAZA”

CRHoy.com dio a conocer el pasado 1 de agosto, que los directores del nivel central, regional, Áreas Rectoras, jefaturas y coordinadores de Unidades y

El oficio fue emitido el 22 de julio, y llevaba como título: “Consultas medios de comunicación y/o periodistas”.

La misiva publicada por este medio y recibida por los empleados de esa institución señalaba que “es importante aclarar que ningún funcionario debe brindar declaraciones o información sin antes contar con la aprobación respectiva”.




(djh)