El texto analiza la relación tensa y a menudo conflictiva entre los gobiernos y el periodismo, destacando la función esencial de la prensa como controladora del poder estatal en beneficio de la ciudadanía.
Esta labor periodística genera fricciones, especialmente cuando se investigan actos ilegales o poco éticos de los funcionarios públicos.
En los últimos años, estas tensiones han derivado en confrontaciones abiertas en algunos países, donde los gobiernos estigmatizan y atacan al periodismo, lo que conduce a censura, persecuciones y limitaciones al acceso a la información pública.
El deterioro democrático en diversas regiones, especialmente en América Latina, ha estado acompañado de restricciones a las libertades de expresión y prensa. La falta de transparencia y el secretismo gubernamental son señales de gobiernos autoritarios, que socavan otros derechos humanos fundamentales.
El texto subraya que los gobernantes que respetan la democracia deben garantizar la libertad de prensa y el acceso a la información pública, ya que son pilares de la rendición de cuentas y del control ciudadano.
Finalmente, se hace referencia a iniciativas internacionales como la Declaración de Chapultepec y a protocolos de organizaciones como la UNESCO, que buscan fomentar una interacción saludable entre gobiernos y periodistas, y garantizar que los derechos de expresión y acceso a la información sean respetados.
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