La libertad de expresión es uno de los indicadores más claros del genuino ejercicio de la ciudadanía de un país. Una democracia madura supone que los ciudadanos en general entienden como valioso su derecho a estar informados, que son capaces de advertir en los reductos de totalitarismo, en los agravios contra medios y periodistas, un riesgo de retroceder en ese ejercicio de sus libertades.
México ha sido considerado en años recientes uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, tanto por el número de casos violentos registrados contra comunicadores en el ejercicio de su trabajo, como por la pasividad y demora en la atención de denuncias por parte de las autoridades, que terminan reflejadas en un preocupante rezago de expedientes a la fecha y una intolerable impunidad para los responsables de agresiones y asesinatos de periodistas.
La falta de compromiso por parte de las autoridades es patente; de manera sistemática se minimiza la delicada situación que guarda México en materia de respeto a la garantía de los comunicadores, se esgrime como argumento la divergencia en los registros y cifras sobre periodistas agredidos que manejan las diversas organizaciones relacionadas con la defensa del trabajo periodístico, a las que también se acusa de carecer de una metodología de trabajo única para sus reportes. La descalificación, sin embargo, no hace desaparecer el problema.
El Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) realiza un monitoreo diario de la información difundida por diferentes medios, atiende denuncias que periodistas le hacen llegar de manera directa y retoma para su valoración las agresiones cometidas contra comunicadores y medios de comunicación que podrían estar vinculadas al trabajo periodístico. En lo posible, se recurre a fuentes directas para verificar datos y realizar cruces de información, se valoran las circunstancias particulares en que se registran los hechos y se ubica cada suceso en su particular contexto político y social.
Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET)
