Las agresiones ejercidas contra periodistas en México se recrudecieron durante el actual sexenio, con lo que cada 14 horas ocurre algún tipo de agresión en contra periodistas.
De acuerdo con el Informe ‘Derechos Pendientes: Informe sexenal sobre Libertad de Expresión y Derecho a la información’, de la organización Artículo 19, en el actual sexenio se registraron 3 mil 408 agresiones contra la prensa -al 31 de marzo-, un incremento de 62.13% respecto al sexenio previo.
Además, 46 periodistas fueron víctimas de asesinato, en posible relación con su labor y 4 fueron desaparecidos.
Los tipos de agresiones más comunes durante el sexenio fueron:
- Intimidación y el hostigamiento, 880 casos (25.82%), —la subcategoría de agresión más frecuente fue campañas de desprestigio, con 248 casos—.
- Amenaza, 682 (20.01%), donde resaltan amenazas de muerte, con 284 casos.
- Uso ilegítimo del poder público, 432 (12.68%)
Solo estas tres categorías representaron el 58.51% del total.
Entre dichas agresiones destaca el incremento de las causadas por el poder público. “Uno de los cambios en la forma de ejercer la violencia durante este sexenio es precisamente el aumento del uso ilegítimo del poder público”, señalan los autores.
La agresión mediante la comunicación oficial fue la más documentada en esta categoría, con 224 casos (6.57% del total).
“Ésta es una constante que se ha adoptado como algo “común”, lo que ha traído consigo una normalización de la violencia. Además, se agudiza cuando los ataques ocurren de forma constante y cotidiana, y provienen en principio de la tribuna presidencial, pero los repiten todos los niveles de gobierno”, indica el informe.
Le siguieron:
- El bloqueo o alteración de contenido, 342 embates (10.04%)
- Ataques físicos, 295 (8.66%)
- Privación de libertad, 164 casos (4.81%).
“La amenaza, el hostigamiento, la violencia y la impunidad ya no son sólo prácticas heredadas del pasado, sino una realidad lacerante del gobierno que termina. Así, en este sexenio, los compromisos respecto a la lucha contra la impunidad, la reducción de la violencia son promesas incumplidas”
Agresiones de autoridades a la prensa, continuidad sexenal
El Informe expone que pese a la negación del acoso a periodistas por las autoridades, los perpetradores de ataques contra la prensa y las coberturas periodísticas siguen siendo autoridades del Estado mexicano, que se mantiene como el principal agresor de la prensa con 1559 agresiones, casi la mitad de las documentadas.
Se trata sobre todo de personas funcionarias públicas civiles, fuerzas de seguridad civiles y las fuerzas armadas, seguidos de particulares, como individuos o empresas, 673 casos, e integrantes de grupos de la delincuencia organizada y partidos políticos.
“Si bien el crimen organizado tiene porcentajes de agresión más bajos en comparación con las autoridades, es imprescindible reconocer las alianzas entre distintos grupos de poder legal e ilegal para ejercer violencias de manera directa contra de las personas periodistas”, ahonda el documento.
Un llamado al Estado mexicano a garantizar la seguridad
Ante la continuidad en la violencia contra la prensa, la organización Artículo 19 hizo un llamado al Estado mexicano a prevenir, proteger y garantizar la seguridad de las y los periodistas como lo alertó, en 2022, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)sobre la “normalización y profundización de la violencia contra periodistas en México”.
En este sentido, llamó a las autoridades a “dimensionar las causas y los efectos de este fenómeno”, y les urgió a “tomar medidas complementarias a las que están en curso en materia de prevención a la violencia, protección de periodistas y lucha contra la impunidad de los crímenes contra la prensa”.
Impunidad, otro pendiente
Artículo 19 destaca que el esquema institucional del Estado mexicano, encargado de la atención a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, ha sido mermado de distintas maneras a lo largo de este sexenio.
“En este sexenio, los principales procesos que se identifican son el debilitamiento, la cooptación y erosión de las instituciones”.
A este respecto, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR), afronta graves desafíos para su función de investigar y perseguir delitos contra la libertad de expresión, por intermedio de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
“Uno de los primeros factores para la impunidad es no tomar los casos vinculados a la libertad de expresión, ni iniciar investigaciones diligentes y expeditas”, indica la organización.
Puntualizó que la falta de una aplicación eficaz del Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión contribuye a la parálisis de las investigaciones y a perpetrar la impunidad en el país.
Este problema se expande particularmente a las instituciones de investigación en los estados que no tienen capacidad para responder.
De acuerdo con el informe, en materia de las instituciones, mientras el gobierno federal ha debilitado a organismos relacionados con los derechos humanos, la procuración de justicia, la atención a víctimas y el derecho de acceso a la información, ha sido notable el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en cuanto a atribuciones y presupuesto.
"Las instituciones no sólo sufren de escasez de recursos, sino que, al ser cooptadas por los poderes públicos, pierden su autonomía y se convierten en parte de un sistema que ningunea a las víctimas, es incapaz de atender la violencia contra la prensa o, peor aún, justifica la violencia y la militarización", puntualiza Artículo 19.
