Un ataque contra un periodista es un atentado contra los principios de transparencia y rendición de cuentas, así como contra el derecho a tener opiniones y participar en debates públicos, que son esenciales en una democracia; (por ello), resulta crucial que los Estados adopten medidas concretas para cumplir su obligación de proteger la vida, integridad y libertad de expresión de los y las periodistas. Esto implica al menos tres tipos de obligaciones. En efecto, como se ha explicado en este informe, los Estados tienen la obligación de prevenir la violencia, proteger a las y los periodistas en riesgo y afrontar seriamente las investigaciones de los crímenes cometidos.
Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de justicia
