La organización Artículo 19 México y Centroamérica condenó el uso de procesos judiciales como forma de presión e intimidación en contra del medio Vanguardia, medio integrante de la Alianza de Medios Mx, y su director Armando Castilla Galindo, tras una serie de acciones legales que, según documentó la organización, tienen su origen en represalias por publicaciones periodísticas relacionadas con la detención del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
El 9 de enero de 2026, Castilla Galindo fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León (FGE), en cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada con base en una querella por presunto fraude. La denuncia fue presentada en diciembre de 2025 por una persona con vínculos familiares con el ex gobernador coahuilense.
En un comunicado, Artículo 19 señaló que la investigación penal presenta graves irregularidades, entre ellos, el que se basa en hechos inverosímiles, carece de documentos base y se apoya únicamente en el testimonio de un notario vinculado laboralmente a Moreira.
No obstante, ahondó que a pesar de estas irregularidades, el Poder Judicial del estado concedió la orden de aprehensión.
Al día siguiente de su detención, Castilla fue liberado luego de que su defensa acreditara que se encontraba fuera del país al momento de los hechos imputados.
La organización advirtió que este caso representa un uso indebido del derecho penal para hostigar y amedrentar al medio y a su director.
En entrevista con Artículo 19, Castilla Galindo expresó temor por un escalamiento del asedio legal, que podría implicar nuevas imputaciones o incluso afectar a su familia. También denunció que ha recibido amenazas indirectas a través de terceros.
“Si no hubiera logrado salir, ya me habrían acusado de otros delitos que no cometí”.
Acciones judiciales para presionar
De acuerdo con el propio medio, desde que publicó en 2016 sobre la detención de Humberto Moreira en Madrid por presunto lavado de dinero, el medio ha enfrentado una escalada de procesos judiciales. Entre ellos destaca un juicio mercantil en Coahuila, con amenazas de embargo y adjudicación forzada del medio, proceso que fue atraído por la Suprema Corte en noviembre de 2025.
Un mes después, se inició la nueva querella penal en Nuevo León, lo que refuerza, el patrón de uso faccioso del aparato judicial, indicó Artículo 19.
En este sentido, Artículo 19 exhortó a la Visitaduría General de la FGE de Nuevo León, a investigar a los funcionarios que integraron la carpeta judicial y promovieron una orden de aprehensión sin pruebas sólidas, en presunta violación del principio de objetividad.
También pidió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que evalúe el contexto de riesgo y brinde medidas integrales y eficaces de protección a Vanguardia y Armando Castilla Galindo.
La organización subrayó que estas acciones judiciales arbitrarias vulneran el principio constitucional de objetividad (Artículo 20) y los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
“El uso del sistema penal para castigar a la prensa crítica atenta directamente contra la democracia. Este caso debe marcar un alto”, concluyó Artículo 19.
En su cuenta oficial en X, la organización reiteró:
“Exigimos un alto al uso de procesos judiciales como mecanismos de presión y represalia contra el medio @vanguardiamx y su director, Armando Castilla Galindo.”
