El creciente acoso judicial, en forma de demandas civiles por “daño moral” y “delitos contra el honor, como la calumnia y la difamación”, se suma a las amenazas que vulneran los derechos de los periodistas y limitan el ejercicio de la libertad de expresión en el país, dijo José María de la Garza.
Para proteger los derechos y la labor de periodistas ante este y otros riesgos a los que se enfrentan al ejercer su profesión, el presidente de la asociación civil Perteneces, presentó en conferencia de prensa la “Guía para la defensa legal de personas periodistas”.
Esta Guía busca proporcionar herramientas de defensa, apoyo legal gratuito y crear una red de soporte.
Silvia Ruíz, coordinadora de Prevención de la organización Artículo 19, dijo que el abuso de estos mecanismos legales (daño moral y delitos de honor) tiene como fin censurar a los periodistas y a personal de las organizaciones de apoyo, por parte de funcionarios públicos.
Consecuencias del acoso
En un entorno en el que ejercer el periodismo en el país es considerado una actividad de riesgo, está nueva amenaza genera censura, autocensura, ansiedad y altos costos económicos a los periodistas al enfrentar un juicio de esta índole, indicó de la Garza.
Si bien la aplicación de los mecanismos no siempre tienen como fin que la persona periodista reciba una sentencia condenatoria, sí puede obligarles a pasar por procedimientos legales desgastantes y de larga duración.
La Guía busca informar a los periodistas sobre cómo actuar en caso de presentarse un proceso jurídico derivado de su labor periodística, así como acerca de sus derechos y obligaciones, buscando reducir el riesgo de ser objeto de acoso u hostigamiento judicial.
Actualmente, Perteneces A.C. tiene 15 casos de defensa activos de personas que se han aproximado a la organización a pedir ayuda.
En 2022, México se mantuvo por cuarto año consecutivo como uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas, de acuerdo con datos proporcionados por Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Esta situación también fue señalada en 2021 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalando que la violencia en contra de periodistas es uno de los principales problemas que enfrenta la libertad de expresión en el país.
