La periodista Adela Navarro Bello, directora del semanario ZETA de Tijuana, reconocida por su cobertura de narcotráfico, corrupción y crimen organizad, ha recibido ocho llamadas de amenaza entre el 29 de abril y el 16 de mayo de 2025. 

En cada una, una voz masculina repite: “Dile a Adela Navarro que se cuide” y cuelga. Las llamadas se han dirigido tanto a números antiguos del semanario como a su conmutador principal, sin identificador de línea.

Las intimidaciones comenzaron luego de que ZETA revelara el ocultamiento de información sobre una narcofosa por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y se intensificaron tras publicar posibles nexos de corrupción en el gobierno de Baja California, incluida la revocación de visas a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y a su esposo, Carlos Torres.

De acuerdo con la organización Artículo 19, la periodista dio a conocer que en las primeras llamadas se escuchaba un eco notable, como si el interlocutor se encontrara en una habitación vacía.

En tanto, en las llamadas más recientes, el sonido de fondo sugería que se realizaban desde un entorno abierto, posiblemente en movimiento, con ruido de viento similar al de una motocicleta, lo que podría implicar llamadas desde orígenes o individuos múltiples.

Piden protección para la periodista

La organización defensora de la libertad de expresión, pidió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) abrir una investigación urgente, imparcial y con enfoque de género para identificar a los responsables.

Asimismo, solicitó al Mecanismo de Protección otorgar medidas inmediatas para Navarro y el equipo de ZETA, ante el patrón reiterado de amenazas.

Aunque la periodista denunció los hechos ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, no existe avance oficial ni protección efectiva, lo que eleva el riesgo para la redacción.

En 2024, Artículo 19 documentó 90 amenazas a periodistas en México, muchas de ellas con amenazas de muerte.

Según el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, estos actos de intimidación vulneran derechos fundamentales y fomentan la autocensura, debilitando el derecho de la sociedad a estar informada, expuso la organización.