La organización Artículo 19 México y Centroamérica presentó una demanda de amparo indirecto ante la justicia federal en contra de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, emitidos recientemente por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

De acuerdo con la organización defensora de la libertad de expresión, estas nuevas disposiciones administrativas comprometen gravemente los derechos informativos de la sociedad, ya que facilitan la censura indirecta y restringen la independencia editorial de los medios de comunicación en el país.

Irregularidades y omisiones en la consulta pública de la CRT

La demanda subraya que la CRT aprobó las nuevas normativas sin respetar el procedimiento legal de participación ciudadana. La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR) exigía someter los lineamientos a una consulta pública y publicar un Informe de Consideraciones analizando las propuestas recibidas antes de su aprobación.

Sin embargo, la CRT aprobó los lineamientos el 26 de agosto de 2026, dos días antes de publicar el informe oficial, el cual vio la luz hasta el 28 de agosto. Esta irregularidad invalidó el propósito de la consulta pública, ignorando las observaciones técnicas presentadas por Artículo 19, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, Perteneces A.C. y más de 6 mil 700 personas y organizaciones que advirtieron sobre los efectos negativos en la libertad de expresión.

Separar hechos y opiniones: una puerta a la censura indirecta

Uno de los puntos más críticos de los lineamientos es la exigencia hacia las concesionarias y programadoras de distinguir estrictamente entre información y opinión. Artículo 19 sostiene que establecer categorías rígidas ignora que la selección, contextualización y presentación de una noticia son decisiones enteramente editoriales.

Al permitir que autoridades administrativas evalúen qué es un hecho y qué es una opinión, la CRT se otorga la facultad de emitir recomendaciones, supervisar contenidos e iniciar posibles procedimientos sancionadores. Esta presión sobre la manera de verificar y presentar la información constituye una restricción indirecta a la libertad de expresión, convirtiendo los estándares de protección de audiencias en instrumentos de control de la información.

Autocensura y el impacto real sobre los derechos de las audiencias

La amenaza de enfrentar sanciones administrativas o intervenciones gubernamentales genera un efecto inhibidor en los medios. Artículo 19 advierte que los lineamientos incentivan la autocensura, pues llevan a las redacciones a evitar la difusión de investigaciones sensibles, críticas políticas o información controvertida para evadir castigos.

Esta autocensura no solo afecta a los periodistas, sino que impacta directamente a las audiencias. Al empobrecerse el debate público y reducirse la oferta informativa, la sociedad pierde el acceso a la pluralidad y a la perspectiva necesaria para tomar decisiones informadas en una democracia.

Mediante el juicio de amparo indirecto 1883/2026, radicado en la Ciudad de México, Artículo 19 ha solicitado al Poder Judicial que ordene subsanar las irregularidades de la consulta, establezca límites constitucionales claros a la CRT e inaplique cualquier disposición que vulnere la libertad editorial de la prensa mexicana.