La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la normalización y agudización de la violencia contra periodistas en México y urge a las autoridades a que activen medidas complementarias.


En este contexto, la Oficina llamó a las autoridades a dimensionar las causas y los efectos de este fenómeno, y les urge a tomar medidas complementarias a las que están en curso en materia de prevención a la violencia, protección de periodistas y lucha contra la impunidad de los crímenes contra la prensa.

“En las primeras diez semanas del año 2022, la Relatoría Especial ha recibido al menos ocho reportes de asesinatos de periodistas por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de la función periodística. Entre enero y marzo, la Oficina ha sido informada sobre el asesinato de Roberto Toledo, en el estado de Michoacán; Heber López Vásquez, en el estado de Oaxaca; Jorge Luis Camero Zazueta, en el estado de Sonora; y Juan Carlos Muñiz, en el estado de Zacatecas. En 2021, la Relatoría registró al menos diez crímenes contra periodistas en México. Anteriormente, esta Oficina se había pronunciado sobre el asesinato del reportero José Luis Gamboa Arenas, en el estado de Veracruz y de Alfonso Margarito Martínez Esquivel en el estado de Baja California; y, junto con la CIDH y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), condenó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, en el estado de Baja California”.

Durante este período, la Relatoría también documentó al menos dos atentados contra reporteros, uno de los cuales se encontraba acompañado de escoltas asignados por el Mecanismo Federal de Protección al momento de los hechos. Por otro lado, la Relatoría ha recibido información sobre recurrentes señalamientos estigmatizantes contra la prensa por parte de funcionarios públicos federales y locales.

“La Relatoría observa con particular preocupación el recrudecimiento de la violencia contra periodistas en México, y reitera que este tipo de ataques vulnera la libertad de expresión tanto en su dimensión individual como colectiva, ya que afecta el derecho de la sociedad a estar informada, y no pueden ser tolerados en una sociedad democrática”, advirtió.

TRES CONSIDERACIONES

En un momento crítico para las garantías a la libertad de prensa, la Relatoría considera que:

1) los recursos humanos y financieros destinados al mecanismo de protección vigente no han sido eficaces para evitar el asesinato de periodistas;

2) los esfuerzos mencionados sobre ajustes estructurales al sistema de protección y la anunciada capacitación de funcionarios están lamentablemente desfasados temporalmente con respecto a la urgencia de la situación; y

3) los mensajes de rechazo oficial a la violencia letal contra la prensa se mezclan y se confunden en tiempo y espacio con mensajes oficiales estigmatizantes que se enmarcan en una compleja y sostenida pugna de las autoridades federales sobre periodistas y medios de comunicación.

“La relevancia que asignan las autoridades a su conflicto con la prensa inevitablemente opaca los mensajes de rechazo a la violencia que han emitido, generando que pierdan la contundencia, convicción y nitidez que debieran tener en este momento”, lamentó la Relatoría.

ESFUERZOS DESARTICULADOS

Para la Relatoría, los esfuerzos institucionales actuales se encuentran desarticulados, en ocasiones son contradictorios, y sumados resultan insuficientes para contener el fenómeno de violencia contra la prensa que actualmente representa una de las principales amenazas a la libertad de expresión en México. En este sentido, esta Oficina llama al Estado a tomar con urgencia medidas complementarias a las ya anunciadas, que se puedan activar en el corto plazo y orientadas a fortalecer el despliegue institucional en los distintos niveles de autoridad y competencia.

Ante ello, la Relatoría llama a las autoridades a reconocer desde las más altas esferas del Estado la legitimidad y el valor del trabajo de las y los periodistas y a repudiar en todo momento los delitos perpetrados en su contra. La Relatoría observa fragilidad en las garantías a la libertad de expresión en México y recuerda al Estado que quienes ostentan posiciones de liderazgo público están llamados a mantener un discurso favorable a la deliberación pública, y a abstenerse de realizar discursos que puedan, directa o indirectamente, alentar o promover violencias contra personas comunicadoras y periodistas.