El Pleno del Congreso de Guanajuato aprobó el martes reformas clave a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de ampliar las garantías jurídicas para quienes ejercen estas actividades en el estado, de acuerdo con medios locales.

La reforma aprobada fue enviada por la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, a propuesta de los periodistas Sofía Negrete, José Meza y Carlos García.

Uno de los principales avances es la incorporación de nuevos supuestos para acreditar agresiones, incluyendo aquellas perpetradas por servidores públicos que se valgan de su cargo o recursos institucionales para dañar o amenazar a periodistas o defensores.

Esta modificación responde a una realidad documentada en el país, donde el uso del poder institucional se ha convertido en un mecanismo de hostigamiento a la prensa y a la sociedad civil organizada.

Las reformas también fortalecen el papel del Consejo Estatal de Protección, el cual ahora podrá emitir pronunciamientos y exhortos formales para advertir situaciones de riesgo que atenten contra la libertad de expresión, la labor periodística o los derechos humanos.

Además, el Consejo estará obligado a dar seguimiento a las denuncias penales o quejas ante organismos de derechos humanos presentadas por personas que hayan sufrido agresiones en el ejercicio de su labor.

La Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública se integrarán como invitadas permanentes al Consejo.

A su vez, las dependencias que forman parte del mismo deberán asistir al menos al 50% de las sesiones ordinarias, que se realizarán de forma bimestral, y de manera extraordinaria cuando así lo requiera la presidencia o la mayoría de los integrantes.

La nueva legislación también faculta a la presidencia del Consejo a convocar a autoridades estatales y municipales, cuya asistencia será obligatoria.

El objetivo es garantizar la implementación de medidas de protección, así como coordinar acciones institucionales que contribuyan a prevenir agresiones y brindar atención oportuna a víctimas.