El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó reformas al Código Penal estatal que amplían los delitos informáticos, y crean nuevas sanciones para la 'difusión indebida de información relacionada con investigaciones penales' y el fraude digital, incluido el phishing.
A este respecto, las reformas establecen penas de uno a cinco años de prisión para personas servidoras públicas que filtren información reservada de investigaciones penales.
De acuerdo con un comunicado del Congreso local, dichas modificaciones agravan las sanciones por delitos cometidos mediante medios tecnológicos y buscan además, reforzar la protección de la privacidad y los derechos de las víctimas.
El dictamen, avalado por el Pleno, integra tres iniciativas presentadas por diputadas y diputados de las Legislaturas 64 y 65, busca actualizar el marco jurídico frente a las nuevas modalidades de violencia y delincuencia en entornos digitales.
Agravantes por violencia digital
El Congreso aprobó aumentar hasta en una mitad las penas cuando las amenazas incluyan la difusión, publicación, comercialización o distribución de imágenes, audios o videos de carácter íntimo de la víctima o de personas con quienes mantenga una relación familiar, de noviazgo, amistad o confianza, sin su consentimiento o cuando éste haya sido obtenido mediante engaño.
Las modificaciones también amplían los supuestos en los que distintos delitos serán considerados agravados cuando se cometan mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico que permita transmitir información, imágenes, audios o videos.
En el caso del hostigamiento sexual, la legislación precisa que esta conducta podrá cometerse por cualquier medio, incluidos los digitales.
Se mantienen las sanciones de uno a dos años de prisión y multas de 200 a 400 días para quien aproveche una relación de subordinación laboral, docente o similar para solicitar favores sexuales o realizar actos de acoso con fines lascivos.
Endurecimiento de sanciones a delitos informáticos
Las reformas incorporan nuevas conductas ilícitas cometidas mediante computadoras, dispositivos electrónicos, internet y otros medios digitales.
De acuerdo con información de El Sol de Sinaloa, la reforma también fortalece el combate al fraude digital al ampliar el delito informático, ya que se sancionará a quienes accedan ilícitamente a equipos o sistemas de cómputo para obtener información, alteren programas o bases de datos, intercepten comunicaciones digitales o divulguen información contenida en sistemas electrónicos sin autorización.
Estas conductas serán castigadas con penas de uno a cuatro años de prisión y multas de 90 a 300 días.
Asimismo, se incorpora una figura para sancionar las modalidades de fraude conocidas como phishing.
La legislación contempla los casos en los que una persona suplanta la identidad de empleados de instituciones financieras, empresas o dependencias públicas para inducir a las víctimas a instalar aplicaciones maliciosas, entregar información confidencial o realizar operaciones que afecten su patrimonio.
Las reformas también incorporan de forma expresa la falsificación o alteración de documentos electrónicos, además de los físicos.
Con información de El Sol de Sinaloa.
