Adela Navarro Bello, codirectora del Semanario Zeta, denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) actos de intimidación tras la irrupción de hombres armados en las instalaciones del medio en Tijuana, informó la fiscal general María Elena Andrade Ramírez.
“Tenemos la denuncia de la periodista, la codirectora de este semanario, donde efectivamente ella se sintió amenazada en su integridad porque recibió la presencia del padre del joven asesinado recientemente (Omar Cisneros Salcedo), quien iba acompañado de abogados y hombres armados”, declaró Andrade Ramírez.
Testimonios recogidos por medios locales indican que el empresario Manuel Cisneros Romero, acompañado de su abogado Miguel Lanz Paredes y un grupo de escoltas armados, se presentó en las oficinas del semanario para exigir un encuentro con la periodista el pasado viernes 31 de octubre.
El empresario habría llegado al semanario acompañado por camarógrafos y reporteros de portales digitales, en lo que parecía un intento de confrontación pública con la periodista.
La fiscal calificó dicha visita como “una comparecencia intimidatoria”, al señalar que el ingreso de hombres armados a las oficinas de un medio en busca de una mujer periodista constituye una situación de alto riesgo y con claros elementos de violencia de género.
“Ella sintió amenazas reales y eminentes al llegar la persona en esas condiciones, levantando la voz. Estamos brindándole protección y acompañamiento desde el Gobierno del Estado y la Fiscalía”, añadió la funcionaria.
Navarro Bello presentó la denuncia correspondiente el lunes 3 de noviembre, mientras que su equipo legal también acudió a la Fiscalía para formalizar los hechos y solicitar medidas de protección.
De acuerdo con información oficial, la FGE de Baja California inició una investigación sobre el incidente y ofreció apoyo integral a la periodista.
Al respecto, la organización Artículo 19 exigió, el 1 de noviembre de 2025, a los gobiernos estatal de Baja California y al federal, garantizar la seguridad de los periodistas del Semanario ZETA de Tijuana, incluyendo la de Adela Navarro Bello, ante las amenazas de Cisneros Romero.
Asimismo, exigió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Federal, a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California y al Gobierno de Baja California, proteger la integridad de los periodistas y trabajadores del medio local, que en el último año han sido amenazados en tres ocasiones.
