El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió citaciones judiciales contra varios periodistas de The New York Times que informaron sobre preocupaciones de seguridad relacionadas con el nuevo avión presidencial Air Force One, entregado al presidente Donald Trump como un regalo del gobierno de Qatar.
De acuerdo con The New York Times, los periodistas citados son Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt, quienes tendrán que comparecer la próxima semana ante un gran jurado federal en Manhattan.
El medio informó que agentes federales entregaron algunas de las citaciones directamente en los domicilios de los reporteros.
La investigación del NYT se relaciona con publicaciones sobre el avión obsequiado por Qatar, cuya modernización y actualización ha costado al gobierno estadounidense alrededor de 400 millones de dólares.
La medida del Departamento de Justicia estadounidense, reavivó las preocupaciones sobre la presión gubernamental a la libertad de prensa y la protección de las fuentes periodísticas.
A este respecto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la citación judicial de los cuatro periodistas, al considerar que representan una formada presión sobre el ejercicio periodístico y una amenaza para la protección de las fuentes confidenciales.
Señal de intimidación institucional: SIP
Pierre Manigault, presidente de la SIP, indicó que “la citación de periodistas por el contenido de su trabajo informativo representa una señal alarmante de intimidación institucional".
"Cuando el poder público recurre a mecanismos judiciales para presionar a la prensa, se debilita gravemente el sistema de controles democráticos y se pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a recibir información independiente”.
Agregó que medidas como estas “son altamente preocupantes, al involucrar directamente a periodistas en posibles procesos judiciales que pueden derivar en la revelación forzada de sus fuentes confidenciales”.
“Estas acciones no solo vulneran principios fundamentales del ejercicio periodístico, sino que también tienen un efecto inhibidor sobre futuras investigaciones de interés público”, añadió Manigault.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, señaló que obligar a periodistas a comparecer ante un gran jurado por información de relevancia pública “constituye una forma de coerción incompatible con los estándares internacionales de libertad de expresión”.
Asimismo, recordó que “la protección de las fuentes no es un privilegio del periodista, sino una garantía esencial para la sociedad”.
La SIP recordó que tanto la jurisprudencia internacional como la Declaración de Chapultepec establecen que los periodistas no deben ser objeto de represalias por investigar y publicar información de interés público, y que el secreto profesional constituye un pilar indispensable para garantizar el flujo de información hacia la ciudadanía.
Aunque las autoridades estadounidenses señalan que los periodistas no son el objetivo de la investigación, la SIP advirtió que la sola emisión de citaciones judiciales puede desalentar el trabajo periodístico y reducir la disposición de las fuentes a denunciar irregularidades.
La organización también recordó que en septiembre del año pasado denunció como un ataque contra la libertad de prensa la demanda por presunta difamación presentada por Donald Trump contra The New York Times y cuatro de sus periodistas.
Asimismo, destacó que durante el primer semestre de 2026 el Departamento de Justicia citó a periodistas de The Washington Post y The Wall Street Journal para declarar ante un gran jurado sobre sus fuentes confidenciales.
En ambos casos, las citaciones fueron retiradas tras una batalla legal impulsada por los medios.
