Las organizaciones Artículo 19, Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras, CIMAC y Propuesta Cívica, expresaron su preocupación por el deterioro del entorno para la libertad de expresión y de prensa en San Luis Potosí, donde documentaron la detención de tres comunicadores y la emisión de órdenes de aprehensión contra al menos otras ocho personas por delitos vinculados con una presunta manipulación ilícita de imagen e identidad digital.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones condenaron la detención de Christian Herrera, creador de contenido de la página de Facebook Código Rojo, en Ciudad Valles; la detención de Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, comunicadora y funcionaria pública, respectivamente; así como la existencia de órdenes de aprehensión contra de al menos ocho personas, entre ellas la periodista Anahí Torres González, directora y titular de diversos medios de comunicación en la entidad.
Advirtieron que la aplicación de normas sobre desinformación o contenidos generados con inteligencia artificial exige un análisis especialmente cuidadoso por parte de las autoridades ministeriales y judiciales, pues cualquier restricción a expresiones de interés público debe cumplir con el test tripartito de legalidad estricta, necesidad y proporcionalidad.
Subrayaron además que el uso del derecho penal en estos casos es especialmente cuestionable, porque debe ser la última opción del Estado y no un mecanismo para castigar discursos.
“Además de que la argumentación de la Fiscalía General del Estado (FGE) directamente contradice las obligaciones del estado mexicano, pues se tiene la obligación pendiente de eliminar los delitos contra el “honor, reputación pública e integridad moral”, de acuerdo con la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso de Lydia Cacho”, recordaron.
El posicionamiento también señala irregularidades serias de debido proceso, entre ellas el uso de órdenes de aprehensión en lugar de citatorios, falta de claridad sobre los delitos imputados, contradicciones entre las versiones oficiales y la información entregada a familiares, así como opacidad sobre la ubicación y situación jurídica de las personas detenidas.
Organizaciones alertan por posible detención arbitraria
De acuerdo con medios locales, Christian Herrera fue detenido e incomunicación la tarde del 21 de mayo, presumiblemente con violencia física por parte de presuntos elementos de la Fiscalía.
Familiares señalaron que fue trasladado a la capital del estado, pese a que en Ciudad Valles existe una oficina de esa instancia.
El pronunciamiento señala que una fuente local anónima indicó que presuntamente habría sido detenido bajo la acusación de robo a una farmacia, aunque esa versión no ha podido ser verificada por las organizaciones.
Asimismo, se reportó que Herrera había denunciado previamente que su página fue “tumbada” el año pasado.
Las organizaciones consideran especialmente grave que permanezca incomunicado de su familia y advirtieron que, si no se esclarece de forma inmediata la causa de su privación de la libertad ni se garantiza comunicación con defensa adecuada, el caso podría configurarse como una detención arbitraria.
El 21 de mayo también fue detenida Eréndira Reyes Aguillón, directora de la página de Facebook San Wicho Times, por elementos de la Policía de Investigaciones de San Luis Potosí, alrededor de las 11:15 de la mañana, afuera de su domicilio.
Según el testimonio de una fuente cercana a la familia, poco después de la detención de Reyes Aguillón, fue detenida su hija, Alejandra Hermosillo, quien es funcionaria del área de comunicación social del municipio de San Luis Potosí.
Familiares de ambas reportaron haber recibido información confusa y contradictoria sobre su paradero área de comunicación social del municipio de San Luis Potosí, tras acudir al lugar al enterarse de lo ocurrido durante las primeras 24 horas.
El 22 de mayo, un juez de control les dictó prisión preventiva oficiosa y al momento del comunicado, se tenía conocimiento de que ambas se encontraban presuntamente en Centro Estatal de Reinserción Social No. 1, La Pila, aunque en el Registro Nacional de Detenciones aún figuraban “en traslado”.
Las organizaciones señalaron una contradicción relevante en torno a los cargos, pues mientras a los familiares se les informó que la detención derivaba de los posibles delitos de uso no autorizado de imagen o voz generada mediante inteligencia artificial y delito contra la identidad de las personas, la Fiscalía General del Estado señaló públicamente que sólo se les imputaba el delito contra la identidad de las personas.
En su comunicado, la Fiscalía sostuvo que las imputadas habrían utilizado de manera deliberada estructuras visuales, narrativas y gráficas de la víctima para generar apariencia de autenticidad y veracidad, incurriendo en una posible manipulación ilícita de imagen e identidad digital sin autorización, lo cual habría generado una afectación a la imagen, el honor, la reputación pública y la integridad moral de la persona denunciante.
Prepararían más ordenes de aprehensión
Las organizaciones informaron que recibieron de una fuente local una fotografía de un presunto acto de investigación sobre domicilios de 11 personas, incluidas Eréndira Reyes, Alejandra Hermosillo y la periodista Anahí Torres González, lo cual encendió las alertas sobre la posible ejecución de órdenes de aprehensión contra al menos otras nueve personas por los mismos delitos.
Según fuentes locales, la causa estaría relacionada con la generación y difusión en redes sociales de un video donde supuestos integrantes de la delincuencia organizada acusaban al gobernador Ricardo Gallardo y a la Guardia Civil Estatal de servir al Cártel Jalisco Nueva Generación.
De confirmarse que las órdenes derivan de ese material, las organizaciones consideraron inadmisible que se pretenda iniciar un procedimiento con base en un artículo del Código Penal aprobado en noviembre de 2025 por un video publicado casi un mes antes, dado que la retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna está prohibida por el artículo 14 de la Constitución.
La periodista Anahí Torres hizo públicos los hechos un día antes y señaló haber tenido conocimiento de actuaciones ministeriales en las que se le menciona por investigaciones relacionadas con el delito contra la identidad de las personas y por uso no autorizado de imagen o voz generada mediante inteligencia artificial.
En entrevista con las organizaciones, afirmó que no generó ni compartió dicho video, por lo que dijo desconocer el motivo por el que fue vinculada.
Para las organizaciones, estos hechos confirman lo que Artículo 19 advirtió en noviembre del año pasado respecto al riesgo de los artículos 272 Bis y 272 Ter del Código Penal de San Luis Potosí, sobre cómo el uso de normas penales amplias y técnicamente imprecisas puede abrir la puerta a la persecución contra periodistas, activistas, comunicadores, administradores de páginas informativas y usuarios de redes sociales.
Recordaron además que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió la acción de inconstitucionalidad 132/2025 contra esa normativa.
Las organizaciones enfatizaron que la incomunicación denunciada en el caso de Christian Herrera, así como las irregularidades en la detención y traslado de Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, podrían constituir violaciones graves a las garantías mínimas del debido proceso, entre ellas el derecho a la defensa adecuada, el acceso inmediato a información sobre los cargos imputados y la comunicación con familiares y representación legal.
A ello se suma la preocupación por el uso de prisión preventiva en un caso relacionado con expresiones y contenidos digitales.
En este contexto, las organizaciones hicieron un llamado urgente a las autoridades de San Luis Potosí para garantizar que las investigaciones y procesos judiciales se conduzcan con pleno apego a derechos humanos y estándares de libertad de expresión y libertad de prensa.
Asimismo, pidieron abstenerse de utilizar el derecho penal como mecanismo de silenciamiento contra activistas, comunicadoras y voces críticas, y asegurar total transparencia sobre la situación jurídica de las personas detenidas, el sustento legal de las imputaciones y el respeto irrestricto a sus garantías judiciales.
