Hoy 28 de septiembre, el mundo celebra el Día Mundial de las Noticias y el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Para muchos países africanos, estas fechas siempre han estado marcadas por un halo de esperanza, pero en los últimos tiempos son un recordatorio de una tendencia preocupante. 

Cuando los acontecimientos se vuelven políticamente delicados o socialmente tensos, los gobiernos a veces responden cerrando Internet o silenciando a las emisoras, cortando la audiencia; esta acción corta el acceso a noticias creíbles precisamente cuando la necesidad del público es mayor.

La desinformación y la información errónea abundan en plataformas de redes sociales como TikTok Live, que se han convertido en una fuente alternativa de verdad para muchos.

En Kenia, el 25 de junio de 2025, la Autoridad de Comunicaciones (CA) ordenó a todas las emisoras de medios de comunicación que cesaran la cobertura en directo de las protestas lideradas por la generación Z, advirtiendo que el incumplimiento podría dar lugar a la desconexión de sus señales de emisión.

Los informes y las imágenes difundidas ampliamente en las redes sociales mostraban al personal de la CA desactivando las señales de emisión en abierto y desconectando las emisoras NTV y KTN.

Esta medida silenció la información en tiempo real y el debate público en un momento crítico para el compromiso democrático de la nación. 

Del mismo modo, en Malaui, los cortes de Internet durante las protestas han restringido el flujo de información, limitando el acceso de los ciudadanos a fuentes fiables y la capacidad de los periodistas para informar libremente.

Estos cierres no solo bloquean el acceso a los hechos, sino que también crean un terreno fértil para la difusión de información errónea y rumores, ya que las personas recurren a fuentes poco fiables ante la ausencia de noticias verificadas. 

El derecho fundamental a saber, a menudo denominado derecho a la información o libertad de información, es una piedra angular de las sociedades democráticas y un derecho humano universal. Permite a las personas acceder a la información que obra en poder de los organismos públicos, lo que fomenta la transparencia, la rendición de cuentas y la participación pública en la gobernanza. Sin embargo, la realidad en África contrasta claramente con las normas mundiales. 

Según un informe de Afrobarometro, solo el 55% de la población africana vive en países con leyes de acceso a la información. Esto contrasta fuertemente con la media mundial del 91%, lo que revela una brecha significativa en la protección jurídica del derecho del público a saber. Eye on Global Transparency (EGT) señala que solo 29 de los 55 países del continente africano, incluidos los países de Oriente Medio y Norte de África, cuentan con leyes de este tipo. 

Este desequilibrio tiene profundas implicaciones. Cuando estas leyes no existen o no se aplican adecuadamente, a menudo se niega a los ciudadanos la posibilidad de examinar las acciones del Gobierno, comprender las decisiones políticas y exigir responsabilidades a sus líderes.

Esta falta de transparencia puede generar corrupción, obstaculizar la buena gobernanza y frenar el desarrollo de sociedades civiles sólidas. También limita la capacidad de los periodistas, investigadores y organizaciones de la sociedad civil para realizar su trabajo de manera eficaz, restringiendo su capacidad para informar al público y promover el cambio.

La lucha por el acceso universal a la información en África trasciende una mera batalla legal; es una lucha fundamental por la esencia misma de los principios democráticos, la protección de los derechos humanos fundamentales y la aceleración del progreso socioeconómico del continente.

En un mundo cada vez más interconectado, en el que la información es poder y un catalizador del desarrollo, restringir o denegar el acceso a Internet y a otros canales de comunicación tiene consecuencias de gran alcance que socavan estos pilares fundamentales.

Abogar por el acceso universal a la información en África es un esfuerzo integral que aborda los marcos jurídicos, salvaguarda las libertades humanas e impulsa el avance económico y social. Se trata de empoderar a las personas, fortalecer las instituciones y garantizar que el continente pueda desarrollar plenamente su potencial en el siglo XXI.

Los cortes de Internet y de los medios de comunicación silencian tanto a los ciudadanos como a los periodistas. Sin conectividad ni acceso a las emisoras, los reporteros no pueden verificar los hechos, compartir novedades ni llegar al público. 

La gente común no puede acceder a fuentes fiables ni compartir lo que atestigua.

Los cortes de Internet alimentan la desinformación. Cuando los canales oficiales se silencian, proliferan los rumores y la información falsa, lo que provoca confusión, miedo y, en ocasiones, violencia.

Las tácticas de corte de Internet se están extendiendo. Desde el bloqueo de las redes sociales hasta el corte total de los datos móviles y el silenciamiento de las emisoras, estas tácticas se justifican a menudo como «medidas de seguridad».

Sin embargo, se utilizan con frecuencia para ocultar irregularidades electorales, violencia policial o disturbios políticos.

Un nuevo informe de Access Now y la coalición #KeepItOn, titulado «Delincuentes envalentonados, comunidades en peligro: cortes de Internet en 2024», revela un récord de 296 cortes de Internet en 54 países en 2024.

Cabe destacar que África experimentó el mayor número de cortes jamás registrado en un solo año, con 21 incidentes que afectaron a 15 países.

En momentos de profunda agitación, el papel del periodismo trasciende la mera información; se convierte en un salvavidas indispensable, que conecta a las comunidades con información vital y exige responsabilidades al poder. 

Cuando los gobiernos recurren a la drástica medida de bloquear los canales de comunicación, no solo silencian la disidencia, sino que también rompen este vínculo crucial, sumiendo a los ciudadanos en un vacío de incertidumbre y desinformación.

Sin embargo, incluso ante tácticas tan opresivas, periodistas valientes, impulsados por un compromiso inquebrantable con la verdad, encuentran vías alternativas para informar y garantizar que las comunidades sigan conectadas a información fiable.

Para contrarrestar eficazmente estas alarmantes tendencias de cortes de Internet y bloqueos de las comunicaciones, es esencial formar un frente unido.

Los organismos internacionales, con su influencia diplomática y sus mandatos en materia de derechos humanos, deben trabajar en colaboración con las organizaciones de medios de comunicación, que comprenden la compleja dinámica de la difusión de la información, y con las empresas tecnológicas, custodias de la propia infraestructura que está siendo manipulada.

Juntos, podemos ejercer una presión significativa sobre los gobiernos para que pongan fin a estas prácticas perturbadoras y garanticen que la población siga conectada a fuentes de información fiables.

Porque cuando Internet se apaga o se silencia a las emisoras, el espacio para la rendición de cuentas se reduce, lo que permite que la desinformación prospere sin control y deja a las poblaciones vulnerables a la manipulación y la explotación.

El libre flujo de información no es un lujo, es una necesidad para un mundo justo y equitativo.


Winnie Kamau es editora y periodista de datos de Kenia. Este artículo fue encargado con motivo del Día Mundial de la Información (Word News Day).