Ciudad de México-En los últimos 20 años, México ha registrado el asesinato de 169 periodistas —un promedio de ocho al año— en un contexto marcado por una impunidad que alcanza el 99 %, denunció este martes la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) al presentar un nuevo monitoreo sobre la violencia contra el gremio periodístico en el país.
Durante el lanzamiento de este monitoreo, la organización emitió un llamado urgente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que adopte medidas prioritarias que garanticen la integridad física y el libre ejercicio de los profesionales de la comunicación.
"Desde hace 20 años, en México, los periodistas son vistos como una amenaza por un entramado de gobernanza criminal […] Hablar de los periodistas asesinados en México es hablar de casos de tortura, decapitaciones y cuerpos abandonados en plena calle junto a mensajes de advertencia", señaló Artur Romeu, director de RSF para América Latina.
Sistema judicial ineficaz y corrupto
De acuerdo con el informe, las fallas estructurales del Estado y el fracaso del sistema judicial han consolidado al crimen organizado y a la corrupción como las principales causas de este fenómeno. Esta situación posiciona a México como el país en paz con la racha más prolongada de homicidios contra informadores en el siglo XXI.
Romeu enfatizó que el periodismo mexicano se enfrenta a un aparato de justicia que "en el mejor de los casos es ineficaz y, en el peor, corrupto", llegando al extremo de dirigir acusaciones contra las propias víctimas. RSF advirtió que señalar a los cárteles sin destinar recursos para investigar o desmantelar las redes de complicidad política también compromete la responsabilidad directa del Estado.
En el informe se detalló que en 168 de los 169 crímenes registrados no se ha logrado identificar al autor intelectual ni esclarecer el móvil principal. Al respecto, la ONG Propuesta Cívica —aliada de RSF en la atención a familias de las víctimas— ha documentado inconsistencias clave en las etapas iniciales de investigación, tales como:
•Pérdida o mala conservación de pruebas.
•Omisión de líneas de investigación contextualmente relevantes.
•Descoordinación entre autoridades locales y federales.
•Falta de voluntad política para llegar a las últimas consecuencias.
Avances insuficientes frente a la magnitud del problema
A pesar del panorama crítico, el reporte reconoce la existencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) —creada tras la ampliación de su mandato en 2010— y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual resguardaba a 701 periodistas al 31 de agosto de 2026.
Si bien las condenas por homicidios contra la prensa pasaron de 5 sentencias (entre 2006 y 2016) a 33 durante la década siguiente, los avances siguen siendo acotados: hasta el momento, solo 21 casos han sido esclarecidos de manera parcial, dejando al resto en la sombra de la impunidad.
