El conflicto legal entre el periódico Tribuna y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, escaló  tras un fallo judicial que impone medidas sin precedente en la historia reciente del país. 

La jueza interina del Sistema Penal Oral y Acusatorio, Ana Maribel de Atocha Huitz May, si bien suspendió la orden previa que prohibía al periodista Jorge Luis González Valdez ejercer su labor durante dos años y ordenaba el retiro total del sitio digital de Tribuna, González Valdez y el medio tendrán interventores designados por el Tribunal Superior del Estado para revisar qué pueden publicar. 

Las nuevas medidas, calificadas por el propio periodista como “más drásticas”, incluyen la designación de interventores judiciales, es decir, que representantes del Tribunal Superior de Justicia revisarán de forma previa todo el contenido que publique el diario Tribuna de Campeche y cualquier declaración, texto o publicación incluidas redes sociales realizada por González Valdez.

Asimismo, se emitió una prohibición absoluta de mencionar a la gobernadora, por lo que el periodista tiene orden expresa de abstenerse de “actuar, declarar u opinar” sobre Layda Sansores, así como de publicar textos, imágenes o comentarios que la aludan directa o indirectamente.

En tanto, se ordenó la supervisión previa de cualquier contenido político con lo que cada nota, columna, fotografía o publicación vinculada con temas políticos deberá ser aprobada por los interventores antes de su difusión.

Ante esta situación, el diario Tribuna de Campeche informó que suspenderá temporalmente sus publicaciones mientras se mantenga vigente lo que ha calificado como una “ley mordaza” impuesta por el poder judicial en beneficio del Ejecutivo estatal.

El argumento de la jueza es que estas medidas buscan “salvaguardar la dignidad” de la gobernadora, aunque niega que constituyan censura. 

No obstante, también ordenó que el periodista sea acompañado por un censor oficial en cualquier programa en el que participe, bajo vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares y del órgano de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de Campeche.

Estas restricciones fueron solicitadas por el asesor jurídico del gobierno estatal, Miguel Oliver Huchim Ortiz, y por la representante del Ministerio Público, Jenny Clarivel Nah Mendieta, como parte de un juicio por supuestos delitos de “daño moral” y “violencia política de género” derivados de columnas críticas.

González Valdez, quien fue demandado por “daño moral” y “violencia política de género” a raíz de columnas críticas, denunció que las nuevas condiciones constituyen censura previa y vulneran sus garantías constitucionales de libre expresión y ejercicio profesional.