La violencia contra la prensa en México tiene distintas caras, y una de las más crudas, junto a las agresiones físicas, es la desaparición de periodistas, la cual es cometida mayormente por integrantes del crimen organizado, y por agentes estatales, alertó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe sobre desapariciones en México 2026.
De acuerdo con la información disponible, la Comisión observa que en México hay evidencia de casos de posible connivencia entre estos dos grupos.
En 2024, la Relatoría advirtió una “sensación generalizada de temor, inseguridad y desprotección” entre periodistas en el país.
"Como consecuencia, esta situación los ha llevado a autocensurarse, exiliarse o abandonar su profesión, generando la formación de zonas de silencio informativo en el país', alerta el informe.
El organismo documentó que, con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta abril de 2025 había 15 periodistas desaparecidos y no localizados en el país, además de 17 periodistas localizados.
Guerrero concentra el mayor número de casos, con ocho periodistas desaparecidos, seguido de Michoacán con cinco y Veracruz con tres. La CIDH precisó que 87.5% de las víctimas son hombres y 12.5% mujeres.
A su vez, retomó información de Artículo 19 según la cual, entre 2003 y julio de 2024, se registraron 31 desapariciones de periodistas vinculadas con su labor informativa, de las cuales 28 corresponden a hombres y tres a mujeres.
En ese recuento, Tamaulipas encabeza la lista con seis casos, seguido de Michoacán y Veracruz con cuatro cada uno.
“La Comisión, al igual que otros órganos internacionales de protección de derechos humanos y organizaciones de sociedad civil , ha coincidido en señalar que, a partir del año 2006, el fenómeno de la violencia en México alcanzó niveles alarmantes, generando la pérdida de muchas vidas, el incremento de desapariciones y miles de personas desplazadas por la violencia”, expone el documento.
Represalia al ejercicio periodístico
Para la CIDH, las desapariciones de periodistas son una forma de represalia por el ejercicio informativo que busca sembrar miedo, castigar la crítica y anular el escrutinio público.
El organismo recordó que desde 2010 su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha alertado sobre desapariciones y otras agresiones contra periodistas en México, particularmente en zonas con fuerte presencia del crimen organizado.
La CIDH destaca el caso de Nuevo León, donde 'habría equivalencia entre las desapariciones cometidas por agentes estatales y por el crimen organizado', de tal forma que entre 2005 y 2015, la distribución de desapariciones habría sido de 46.6% atribuidas a actores criminales, 46.7% a agentes estatales y 7.19% a otros particulares.
De los alegados perpetradores estatales, el 49.25% serían funcionarios municipales, 24.63% estatales y 26.12% federales.
Esa colusión, añade, se expresa en retenciones ilegales, entrega de personas a grupos criminales, ausencia deliberada de autoridades en puntos estratégicos, tolerancia a la operación de grupos violentos y falta de acción frente a riesgos conocidos.
En ese contexto, la CIDH expuso que la desaparición no solo implica la privación ilegal de la libertad, sino una violación múltiple de derechos humanos, que afecta la integridad, la seguridad, la vida, la verdad, la justicia y la protección familiar.
La CIDH recordó que la desaparición forzada debe ser abordada de manera integral y no fragmentada, por lo que la Comisión llamó al Estado mexicano a tomar todas las medidas necesarias para identificar, erradicar y neutralizar la infiltración del crimen organizado en órganos administrativos, judiciales y de seguridad.
