Las iniciativas de ley en materia de seguridad pública e inteligencia presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 13 de febrero han generado una fuerte preocupación entre organizaciones de la sociedad civil, que advierten del riesgo que representan para la privacidad, la seguridad y los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Las propuestas incluyen la creación de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, las cuales permitirían la recopilación masiva de datos personales sensibles sin controles judiciales ni salvaguardas adecuadas contra el abuso.
La organización Artículo 19 explicó que estas iniciativas pondrían en riesgo la seguridad los datos personales sensibles de la población en caso de colusión entre delincuentes y autoridades.
Una de las disposiciones de estas iniciativas es la creación de un registro de usuarios de telefonía móvil, en el cual las líneas estarían vinculadas a una identificación oficial, la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en el caso de personas morales.
Además, las líneas que no sean registradas serían canceladas.
Artículo 19 alertó que este tipo de medida fue declarada inconstitucional en 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando anuló el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), promovido por la administración de Andrés Manuel López Obrador.
"Es poco probable que grupos delictivos utilicen teléfonos registrados a su nombre para cometer actos ilícitos", señaló la organización.
Además, recordó que una medida similar, el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), implementado en 2008 durante el gobierno de Felipe Calderón, fue eliminado en 2011 después de que su base de datos fuera vulnerada y comercializada en el mercado negro.
Ven riesgos de vigilancia masiva
Las propuestas legislativas también plantean la creación de un Sistema Nacional de Información, que integraría bases de datos de registros vehiculares, biométricos, inmobiliarios, fiscales y telefónicos, entre otros, permitiendo el acceso a información en poder de entidades privadas si la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lo considera necesario para investigaciones.
Además, la iniciativa contempla el uso de inteligencia artificial para analizar y cruzar datos personales de toda la población, otorgando acceso a estos sistemas a corporaciones policiales federales, estatales e incluso municipales.
Artículo 19 advirtió que este esquema configura una medida de vigilancia masiva e indiscriminada, equiparable a un Estado policial sin controles democráticos, con el riesgo de que dicha infraestructura pueda ser explotada incluso por organizaciones criminales.
Diversas organizaciones defensoras de derechos digitales, como R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, SocialTIC y Artículo 19, han manifestado su oposición a estas iniciativas, denunciando que representan una expansión sin precedentes de las facultades de vigilancia del Estado mexicano sin los controles adecuados.
"El acceso a la telefonía móvil no puede estar condicionado a la entrega de datos personales. Esta medida vulnera el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, obstaculiza el acceso a internet y afecta particularmente a sectores vulnerables", señaló Artículo 19.
