Un controversial proyecto de ley para regular el financiamiento de organizaciones sin fines de lucro, que pondría en riesgo el periodismo independiente de Paraguay, fue aprobado en el Senado y enviado a la Cámara de Diputados de ese país.
Una publicación de LatAm Journalism Review del Knight Center, explica que las organizaciones deberán estar incluidas en un registro nacional único, proporcionar detalles de las actividades que realizan y dar informes detallados sobre el uso de los fondos. Asimismo, establece sanciones para quienes no cumplan.
La iniciativa busca regular a las organizaciones que reciben fondos públicos y privados de origen nacional o internacional.
Lea el proyecto en el enlace.
Organizaciones como Amnistía Internacional se pronunciaron sobre los efectos negativos que podría tener el proyecto de ley en cuanto a la libertad de expresión en Paraguay, al establecerse el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
¿Cómo afecta a los medios?
Observadores señalan que el control excesivo sobre las organizaciones, que incluye una mayor carga administrativa, tiene como fin cerrar el trabajo de la sociedad civil, incluido el de medios y periodistas.
De acuerdo con datos de SembraMedia, en México y Latinoamérica cerca de un tercio de los medios de la región recibe ingresos de subvenciones o grants que reciben de parte de organizaciones sin fines de lucro.
En la actualidad, dichos medios ya se encuentran presionados por los menores recursos que están fluyendo desde estas fuentes, por lo que una carga administrativa mayor podría afectar más la llegada de estos flujos a Paraguay.
“La propuesta legislativa aprobada por el Senado es contraria en muchos aspectos a las normas internacionales de derechos humanos que Paraguay ha suscrito, en especial las que protegen los derechos a la libertad de asociación y de expresión, pero también el derecho a la privacidad, a participar de los asuntos públicos, y el derecho a defender los derechos humanos”, dijo Amnistía Internacional en un comunicado.
Por su parte, las Relatoras de la ONU para la libertad de expresión y de reunión pacífica, y defensores de derechos humanos, enviaron una carta al presidente de Paraguay, Santiago Peña, señalando que el proyecto le quita independencia a las ONG y que establece multas económicas severas que podrían hacer que el trabajo sin fines de lucro no sea sostenible.
