Al menos 913 periodistas de 15 países abandonaron sus naciones entre 2018 y 2024 a causa de persecuciones, amenazas, criminalización y el cierre progresivo del espacio cívico, revela el estudio Voces desplazadas: radiografía del exilio periodístico latinoamericano.
El informe, elaborado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi-UCR), la Cátedra UNESCO UDP-Chile y Fundamedios, expone que además de la precariedad económica, los obstáculos para acceder a salud, vivienda y empleo, y la imposibilidad de seguir ejerciendo el oficio que enfrentan los periodistas afectados, se observa el debilitamiento de redacciones enteras y la expansión de desiertos informativos justo cuando la región enfrenta retrocesos democráticos.
“Los resultados reflejan condiciones cada vez más adversas para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en un contexto regional de erosión institucional”, expuso Giselle Boza Solano, coordinadora académica del informe.
Efecto dominó dentro y fuera de las fronteras
Entre los efectos de la persecución y exilio de los periodistas se encuentran la pérdida de voces críticas en el país de origen, pues al callarse reporteros y columnistas, el poder actúa con mayor impunidad, en tanto la Autocensura avanza, ya que quienes se quedan temen represalias y moderan su cobertura.
En tanto, desde el exilio los periodistas se enfrentan a limitaciones como el acceso restringido a fuentes, dificultades migratorias y bloqueos oficiales, lo que reduce el alcance de quienes continúan informando desde fuera.
El informe destaca que 92% de los casos proviene de seis naciones, mientras que los principales destinos de acogida son Costa Rica, Estados Unidos, España, Chile, Argentina, Colombia y México.
El destino responde a redes de apoyo previas y marcos legales que facilitan la regularización migratoria.
Llamado a una respuesta regional
El informe advierte que el éxodo de la prensa es un “síntoma de erosión democrática global” y no un problema aislado, por lo que los autores proponen abordarlo de forma regional.
Las recomendaciones que da el informe son la creación de redes de protección entre gobiernos, organismos internacionales y sociedad civi, de Mecanismos de refugio y regularización expeditos para trabajadores de medios y de Fondos rápidos y flexibles que sostengan proyectos periodísticos en riesgo.
Asimismo, sugieren el establecimiento de Políticas públicas que garanticen entornos seguros para el periodismo independiente.
“Solo con una prensa robusta, crítica y sostenible podrá iniciarse la regeneración democrática que América Latina necesita”, señala el documento, al tiempo que urge a detener el “ataque sistemático y estructural” contra la libertad de expresión y los demás derechos humanos en la región.
Lea el informe completo en el enlace.
