La Declaración de ética y buenas prácticas para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial, presentada por el gobierno federal a finales de enero, es un avance en la agenda pública sobre gobernanza tecnológica en México; sin embargo, especialistas coincidieron en que se trata de un marco general que requiere aterrizarse en acciones concretas, mecanismos de implementación y una estrategia nacional clara.
El documento presentado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), establece diez principios orientados a que la IA amplíe derechos, mantenga supervisión humana, sea explicable, responda al bienestar social y considere la diversidad cultural y el manejo responsable de los datos.
En entrevista con la Alianza de Medios Mx, Daniela Rojas, Directora adjunta de programas de EON Institute, y la Dra. María Teresa Nicolás, Directora del Centro Institucional de Innovación Educativa de la Universidad Panamericana, coincidieron en que el decálogo es relevante como punto de partida, pero advirtieron que se trata principalmente de una declaración normativa que define valores, pero no establece procedimientos técnicos ni operativos.
María Teresa Nicolás, de la UP, destacó que el documento tiene un enfoque humanista alineado con estándares internacionales al priorizar derechos humanos, responsabilidad y explicabilidad, y al hablar de ampliar derechos o fortalecer la educación, "pero no explica cómo hacerlo”, señaló.
Por su parte, Daniela Rojas, de EON Institute, consideró que el problema no es el contenido, sino la brecha entre principios y práctica.
“El documento se ve bien en el papel, pero falta claridad sobre qué significa para las organizaciones o instituciones en su operación cotidiana”, indicó.
Falta de estrategia y coordinación institucional
Uno de los principales vacíos identificados por las expertas es la ausencia de una visión nacional articulada, con responsables, capacidades, presupuesto, métricas y continuidad.
Rojas subrayó que México necesita una estrategia o hoja de ruta que defina objetivos, prioridades y capacidades reales antes de avanzar en regulación o implementación.
Rojas señaló la necesidad de construir una Estrategia Nacional de IA basada en principios alineados con UNESCO y la OCDE, y con un plan de implementación, una entidad responsable, presupuesto definido y mecanismos de coordinación entre gobierno, academia, sector privado y sociedad civil.
Ahondó en que la fragmentación institucional, la falta de recursos asignados y la ausencia de metas de largo plazo son algunos de los principales riesgos para que el decálogo quede en el terreno declarativo.
Asimismo, las especialistas expusieron que varios principios del decálogo presentado por el gobierno federal requieren mayor precisión técnica.
Por ejemplo, el criterio de “si una decisión no puede explicarse, no debe automatizarse” plantea interrogantes sobre qué tipo de explicabilidad se exige, si es de orden técnico, funcional o auditable.
Mientras que, otros conceptos, como gobernanza colectiva o datos como bien público, carecen de definiciones operativas o de estructuras institucionales concretas que los hagan viables.
Por su parte, Nicolás señaló que un marco ético efectivo debe acompañar cada principio con definiciones, implicaciones y protocolos de implementación, como lo hacen algunos modelos institucionales y académicos.
En este sentido, compartió el ‘Marco general de uso ético de sistemas de IA en la Universidad Panamericana’, alineado a estándares internacionales (UNESCO, OCDE, Comisión Europea), que establece que la IA debe ser un medio al servicio del aprendizaje y del desarrollo humano, nunca un sustituto del juicio, la creatividad o el discernimiento ético.
Las especialistas consideraron necesario fortalecer aspectos como:
- Ciberseguridad y protección de datos: Desarrollar estándares basados en buenas prácticas internacionales (como NIST); impulsar educación y cultura de privacidad/ciberseguridad; crear incentivos para que empresas, especialmente PyMEs, inviertan en seguridad; y avanzar hacia una Ley integral de Ciberseguridad con definiciones claras, catálogo de delitos, roles y recursos para su cumplimiento; y acelerar inversión con alianzas público privadas para acelerar conectividad y desarrollar centros de datos y gobernanza de datos.
- Investigación, Desarrollo, Educación y desarrollo de Habilidades: Mapear el ecosistema de investigación y desarrollo en IA en el país; incentivar la IA aplicada a programas sociales, económicos y ambientales; facilitar la adopción de la IA y la alfabetización digital.
- Mecanismos de apelación cuando decisiones automatizadas afecten derechos.
- Impacto energético y sostenibilidad de la IA: Analizar impactos particulares de la IA generativa.
- Sesgos algorítmicos y brechas de acceso: Reducción de la brecha de acceso tecnológico, sesgos algorítmicos, generación de información falsa o sin rigor, afectaciones a la integridad académica, deshumanización del proceso educativo y dependencia tecnológica que debilite el pensamiento crítico.
- Responsabilidades legales de los distintos actores: Establecer una gobernanza incluye auditorías periódicas, experimentación controlada antes de implementaciones masivas y mecanismos de respuesta a incidentes.
Las expertas subrayaron que el siguiente paso debe ser la construcción de políticas públicas concretas, por lo que recomendaron ejecutar las siguientes acciones prioritarias:
- Crear mesas multisectoriales por principio.
- Definir responsables institucionales y calendarios.
- Diseñar programas de alfabetización en IA para docentes y estudiantes.
- Establecer mecanismos regulatorios y sectoriales (salud, educación, finanzas, justicia).
- Evaluar capacidades tecnológicas e infraestructura antes de hablar de soberanía digital.
- Establecer una legislación específica en materia de IA y un Consejo Nacional de IA.
Para María Teresa Nicolás “el riesgo es que el decálogo se quede en papel”. “Ahora corresponde convertir estas buenas intenciones en decisiones concretas”, ahondó la académica de la UP.
