La moderación automatizada mediante algoritmos podría poner en riesgo la libertad de expresión, dado que dichos sistemas pueden cometer errores sin una ponderación adecuada, expusieron expertos.
En el Informe de las Memorias del Seminario Permanente de Investigación sobre los derechos y justicias digitales 2024, los autores exponen que las decisiones sobre qué contenido debe permanecer o ser eliminado no deben recaer exclusivamente en plataformas que utilizan tecnologías automatizadas sin un adecuado balance de principios de ponderación.
“Las restricciones a la libertad de expresión deben estar acotadas, no se puede dejar esta responsabilidad de moderación y ponderación de derechos a las plataformas únicamente”, indican los autores.
La regulación internacional que sienta las bases
El documento del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en colaboración con ARTICLE 19 y las Universidades Nacional Autónoma de México y Universidad Autónoma de Yucatán, explica que la sección 230 de la Communications Decency Act (CDA) es el referente en la regulación de contenidos en plataformas digitales a nivel mundial.
Esta incluye dos cláusulas, la primera impide que las empresas intermediarias proveedoras de servicios de internet sean tratadas como editoras del contenido que se publica en ellas, es decir, que estas son solo un medio de difusión.
La segunda cláusula da protección a estas plataformas sobre el material que se difunde en ellas, siempre y cuando hagan labores de moderación apegadas a sus reglas comunitarias.
El informe expone que dado que es vital para la salud democrática de las naciones garantizar el acceso a información veraz y de calidad, en especial de cara a la desinformación que es promovida por actores estatales o grupos organizados, se vuelve clave encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la moderación responsable.
Latinoamérica debe adaptar los marcos legales a su realidad local
A nivel internacional, la Unión Europea ha marcado precedentes con marcos regulatorios como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que ha influido en múltiples jurisdicciones. No obstante, los autores recomiendan que los países adapten estas normativas a sus contextos específicos.
En este sentido, consideraron esencial para Latinoamérica la implementación de regulaciones que aborden tanto la libertad de expresión como la protección de datos, especialmente al enfrentar la creciente desinformación y el dominio de las grandes plataformas digitales.
En materia de competencia económica, la Comisión Europea ha lanzado iniciativas como la Digital Markets Act y la Digital Services Act, orientadas a fomentar la competencia y proteger a los usuarios.
Estos esfuerzos buscan garantizar que las empresas tecnológicas respeten los derechos humanos y mantengan la transparencia en sus procesos. Mientras tanto, otros países como Estados Unidos y China han adoptado enfoques diferentes, lo que refleja las tensiones geopolíticas y las prioridades de cada región.
Para los autores, en particular Latinoamérica, debe ser cuidadosa al evaluar qué normativas internacionales adoptar, reconociendo que una simple copia no garantiza el éxito.
“La región tiene que desarrollar su propio marco legal que contemple tanto la protección de los derechos digitales como la necesidad de regular el poder de las grandes corporaciones tecnológicas”, recomendaron.
