Roberto Rock, director de La Silla Rota, medio integrante de la Alianza de Medios Mx, llamó a fortalecer la organización y los espacios de debate público para defender las libertades de expresión y de prensa.
En entrevista con la Alianza de Medios Mx, sostuvo que el país vive un acoso judicial “focalizado pero grave” contra medios y periodistas, con “zonas oscuras” donde autoridades y actores políticos buscan inhibir la crítica, por lo que hizo un llamado a permanecer muy alertas para que no se extiendan.
Frente a ese contexto, expuso que la organización gremial, como la Alianza de Medios Mx, y la creación de foros de discusión permiten fijar posición colectiva, reaccionar ante abusos y blindar derechos.
“Lo que necesitamos como gremio son espacios de debate y posicionamientos claros, a favor o en contra sobre los temas que afectan la libertad de prensa”, indicó el expresidente de la SIP.
Una línea delgada entre lo legítimo y el abuso de la norma
El director de La Silla Rota advirtió sobre la “línea delgada” entre el uso legítimo de figuras legales como la violencia política de género o los requerimientos de información y su empleo para silenciar al periodismo responsable.
Señaló dos ámbitos legales usados con frecuencia por algunas administraciones locales:
- Violencia política en razón de género. Rock reconoció que sí hay casos que ameritan denuncia y sanción. Pero alertó que aplicar esa figura para descalificar investigación o crítica periodística pervierte el objetivo, deslegitima el mecanismo y confunde a la opinión pública sobre qué sí constituye violencia. Llamó a que se revise “caso por caso”, con criterios y pruebas.
- Peticiones de información y reserva de fuentes. El director de La Silla Rota distinguió entre el derecho de la autoridad a preguntar, como puede ser el caso de lsa Fiscalías, y la facultad constitucional del periodista de reservar sus fuentes. La consulta no es, por sí misma, una violación de libertades; pero el límite es claro: no revelar fuentes confidenciales.
Mediante el empleo de este tipo de argumentos legales, Rock Lechón describió un patrón de hostilidad a la prensa, con focos regionales, principalmente en entidades del país, donde autoridades impulsan iniciativas o denuncias para inhibir la crítica.
A este respecto, mencionó los casos de Tamaulipas y Sonora, donde instituciones electorales admitieron o promovieron quejas contra periodistas y ciudadanos.
Tal fue el caso del periodista de El Universal, Héctor De Mauleón, a quien el Tribunal Electoral de Tamaulipas (IETAM) pidió retirar una columna sobre una red de huachicol y vínculos con el Poder Judicial alegando violencia política de género, y el de la ciudadana Karla Estrella, que fue obligada a pedir disculpas por 30 días a la diputada Diana Karina Barreras.
Consideró que en ambos casos se observó un patrón en el que las autoridades electorales (INE y IETAM) ejercieron presión para limitar la libertad de expresión, pero ante la presión de organizaciones, periodistas, y ciudadanos, el acoso legal cedió.
"Tuve noticia de gestiones por parte de representantes del gobierno federal, en particular de la Secretaría de Gobernación y de la Presidencia, que enviaron la señal a algunos actores para desistirse de ciertas denuncias. Muy concretamente, en el caso de Héctor de Mauleón pude rastrear con algunos involucrados esos acercamientos para discutir el tema. Creo que, al final, el asunto terminó revirtiéndose en contra de los promotores de ese ejercicio; lo mismo ocurrió en el caso de “Dato Protegido”", agregó.
Ante las tensiones internas en el poder político entre visiones democráticas y pulsiones regresivas, el director de La Silla Rota destacó la importancia de vigilar, documentar y responder colectivamente.
“Donde más se busca censurar, más hay que investigar. Los abusos suelen esconder corrupción,” expresó.
El caso La Silla Rota, reserva de fuentes, por principio
En semanas anteriores, La Silla Rota recibió un requerimiento de la autoridad electoral para documentar una publicación y revelar la fuente, bajo amenaza de una multa millonaria.
Rock relató que el medio respondió bajo protesta, confirmó lo ya publicado y afirmó que no revelaría fuentes confidenciales por estar protegidas por Constitución, tratados internacionales y legislación local. Agregó que tras hacer pública la notificación y su postura, el asunto no escaló.
En este sentido, subrayó la importancia de fijar una posición pública y “exigir compromisos democráticos claros”, ahondó.
