El periodista guatemalteco José Rubén Zamora, fue beneficiado con arresto domiciliario el jueves en respuesta a la apelación que realizó su defensa.
La medida, ordenada por un juez, permite que Zamora enfrente desde su domicilio los procesos penales por supuesto lavado de dinero y conspiración para la obstrucción de la justicia.
Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) saludaron la liberación del periodista.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) celebró la decisión judicial, pero exigió que se retiren de inmediato todos los cargos.
“Si bien nos alivia que José Rubén Zamora finalmente pueda salir de prisión, es una injusticia que haya estado privado de libertad durante más de tres años”, expresó Carlos Martínez de la Serna, director de programas del CPJ.
“Las reiteradas maniobras judiciales para mantener a Zamora tras las rejas envían un mensaje alarmante a todos los periodistas de investigación en Guatemala”, agregó.
Por su parte, Zamora expresó su alivio al CPJ tras su liberación. “Me siento en paz. He pasado más tiempo del debido en prisión y he sufrido tortura y represión psicológica. Era un muerto viviente, pero valió la pena. Mi detención arbitraria expuso la corrupción y el uso del sistema judicial para silenciar voces críticas durante más de treinta años en elPeriódico. Hoy, la atención mundial está puesta en Guatemala”, declaró.
La SIP también saludo la liberación de Zamora. “Celebramos este paso, pero recordamos que nunca debió estar preso. Su encarcelamiento fue una injusticia y un ataque directo a la libertad de prensa”, expresó en sus redes sociales al conocerse la noticia.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, señaló que “la liberación de Zamora representa un avance en la restitución de sus derechos fundamentales, pero no repara el daño causado por una persecución prolongada que buscó silenciar una voz incómoda para el poder”.
Añadió que “su encarcelamiento envió durante años un mensaje intimidatorio a periodistas y medios que investigan corrupción y abusos, y constituye uno de los casos más emblemáticos de criminalización del periodismo en la región”.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, sostuvo que “ningún periodista debe ser sometido a procesos penales como castigo por investigar y publicar información de interés público”.
Ramos instó a las autoridades guatemaltecas “a poner fin a toda forma de hostigamiento judicial contra Zamora, garantizar su integridad y asegurar condiciones que permitan el ejercicio pleno de la libertad de expresión y de prensa en el país”.
Persecución constante
Zamora fue liberado de prisión en octubre de 2024, luego de haber pasado más de 1,290 días en prisión durante los últimos cuatro años pero los fiscales apelaron inmediatamente y obtuvieron fallos que lo enviaron de regreso a la cárcel en marzo de 2025.
Zamora, de 69 años, fue arrestado en julio de 2022 y en junio de 2023 condenado a seis años de prisión, pero un tribunal de apelaciones revocó la sentencia y ordenó un nuevo proceso.
No obstante, desde entonces ha permanecido detenido, salvo el breve periodo de arresto domiciliario en 2024 que fue revertido tras la apelación de la Fiscalía en marzo de 2025.
Durante su encarcelamiento, elPeriódico, que fue un medio clave para el periodismo de investigación en el país, cerró operaciones y la situación de la libertad de prensa en Guatemala se deterioró gravemente.
El caso de Zamora ha sido señalado por múltiples organismos internacionales como un ejemplo paradigmático de persecución judicial con fines políticos.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ha calificado su encierro como una violación al derecho internacional. Asimismo, un informe del organismo TrialWatch, que monitorea abusos en sistemas judiciales, documentó graves irregularidades en el proceso penal y concluyó que la acusación contra Zamora es una represalia directa por su labor periodística.
