La extinta Procuraduría General de la República (PGR) abrió en secreto una investigación por crimen organizado sobre Ana Delgadillo, abogada que buscó justicia durante una década por la masacre de 193 personas en San Fernando, Tamaulipas, reveló una investigación del Washington Post (WP).
La PGR también abrió carpetas para investigar a la periodista Marcela Turati y a la antropóloga Mercedes "Mimi" Doretti, señaló el diario estadounidense.
El 6 de abril de 2011 presuntos integrantes de Los Zetas sacaron al menos a 193 personas, algunos de ellos migrantes centroamericanos, de los autobuses en los que viajaban, los mataron a golpes y arrojaron sus cuerpos en fosas clandestinas, sin que nadie haya sido condenado por los hechos.
Delgadillo ganó un proceso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para obligar al gobierno a divulgar detalles sobre la masacre, por lo que las autoridades entregaron los 271 volúmenes de su investigación a su grupo de derechos humanos.
El Volumen 221 reveló las investigaciones secretas a Delgadillo Turati y Doretti, en el que figuraban registros de sus llamadas telefónicas y mensajes de texto, además de un mapa de sus comunicaciones trazado por la policía federal.
Bajo el pretexto de que se estaba ante una investigación de “secuestro y delincuencia organizada” y sin contar con autorización judicial, como lo exige la ley, la entonces PGR solicitó de forma “extra urgente”, información a las compañías telefónicas de todas las llamadas (entre febrero de 2015 y abril de 2016), para acceder a todos los registros telefónicos, los mensajes que se originaron y recibieron en sus teléfonos, así como para su geolocalización. Con base en eso, solicitó a la Policía Federal cruces de información y análisis de sus movimientos y contactos; requirió y recabó información y documentación personal –de Ana Lorena Delgadillo y Marcela Turati– de la Secretaría de Relaciones Exteriores, detallaron distintas ONG al condenar los hechos.
La ley otorga a los fiscales autoridad para controlar las comunicaciones de los sospechosos, encarcelarlos sin cargos y limitar su acceso a abogados. Fue aprobada en 2008 para luchar contra grupos narcotraficantes tan poderosos que el gobierno mexicano los consideraba una amenaza existencial. Sin embargo, la medida se ha utilizado en los últimos años contra políticos acusados de corrupción, ejecutivos de empresas sospechosos de fraude e incluso 31 científicos acusados de irregularidades presupuestarias, resalta el WP.
"Fueron los mismos investigadores con los que trabajábamos todos los días los que terminaron investigándonos", dijo Doretti para el diario de Estados Unidos y aseguró que los agentes mexicanos podrían haber estado molestos porque su equipo había pedido una investigación sobre "problemas graves" en el manejo de las tumbas de San Fernando.
"Creo que estaban buscando algo que pudiera frenar esto", agregó.
El caso recuerda a que en 2016 los expertos enviados por la Organización de Estados Americanos para ayudar al gobierno mexicano a investigar la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, se sintieron frustrados con la unidad de crimen organizado, por lo que pidieron su eliminación de la investigación. Se quejaron de que su trabajo había sido obstruido y sus teléfonos habían sido intervenidos.
LAS MUJERES INVESTIGADAS
Marcela Turati: ha trabajado en la revista Proceso, donde se especializó en la cobertura de los impactos sociales de la violencia y el narcotráfico y temas de derechos humanos.
Colaboradora de periódicos y revistas de Perú, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Ecuador y Estados Unidos. Tiene textos en antologías de Gatopardo, Etiqueta Negra y la FNPI.
Hace parte del grupo Nuevos Cronistas de Indias y ha recibido premios, becas y reconocimientos en varios países.
Ana Delgadillo: como fundadora de la Fundación por la Justicia, brindó apoyo legal a familiares de las víctimas de la masacre.
Mercedes Doretti: es una antropóloga forense de origen argentino. Ayudó a la constitución del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Sus trabajos de investigación son utilizados por Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Naciones Unidas, pues ha trabajado en ha trabajado en las Filipinas, Chile, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Iraq, Brasil, Croacia, Etiopía, Haití, Panamá, Polinesia francesa, Sudáfrica, Etiopía, República Democrática del Congo, Bosnia-Herzegovina, Timor Oriental, Zimbabue, Costa de Marfil, Indonesia y México.
Ha sido profesora en las universidades de California, Berkeley, Harvard, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Universidad de Columbia, Universidad Estatal de Nueva York en Purchase, New School for Social Research, Rutgers University. Ha colaborado con Amnistía Internacional, Centro Carter y el Congreso Arqueológico Mundial.
