México se mantiene entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo. De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), el país registra al menos un periodista asesinado cada año durante la última década.
El reporte señala que, aunque en 2025 se alcanzó un récord global de 129 periodistas y trabajadores de medios asesinados, la cifra más alta en más de 30 años, y que dos tercios de los casos se concentraron en el conflicto entre Israel y Gaza, la violencia contra la prensa no se limita a zonas de guerra.
México e India destacan por la recurrencia anual de homicidios de periodistas, seguidos por países como Colombia y Bangladesh, que también han registrado asesinatos de forma sostenida en los últimos cinco años.
Estos patrones, advierte el CPJ, están asociados a contextos de violencia estructural, criminalidad organizada y falta de rendición de cuentas.
Casos sin resolver en México
El reporte arroja que en México, al menos seis periodistas fueron asesinados en 2025, frente a cinco en 2024 y dos en 2023. Todos los casos permanecen sin resolver, en un contexto marcado por la influencia del crimen organizado, la corrupción y la debilidad institucional.
El CPJ también cuestiona la efectividad del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Un ejemplo es el caso de Calletano de Jesús Guerrero, subdirector de un medio digital en el Estado de México, quien fue asesinado en enero de 2025 pese a contar con protección federal desde 2014 debido a amenazas relacionadas con su labor.
Otro dato preocupante del informe es que las agresiones contra periodistas en el mundo cada vez incluyen a sus entornos familiares como mecanismo de presión y silenciamiento.
En el caso del conflicto entre Israel y Gaza, el Sindicato de Periodistas Palestinos denunció que más de 700 familiares de periodistas han sido asesinados desde el inicio de la guerra en octubre de 2023.
“El periodista ya no es el único objetivo. La familia se ha convertido en una herramienta de presión y castigo colectivo”, señaló la organización.
Esta práctica representa una violación del derecho internacional humanitario, agregó el CPJ.
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