La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió sobre el alarmante avance de mecanismos de censura en diversos estados de la República. Decisiones judiciales que imponen vetos previos, reformas penales ambiguas y presiones administrativas son algunas de las herramientas utilizadas para inhibir la crítica y la fiscalización al poder.
“Nos preocupa que en un país democrático con marcos constitucionales sólidos, se usen herramientas judiciales, legislativas o administrativas para inhibir la crítica y fiscalización del poder”, expuso José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y director de La Prensa Gráfica de El Salvador.
La SIP refirió a casos recientes que encendieron las alertas, entre ellos:
- En Campeche un tribunal local prohibió al periodista Jorge Luis González Valdez mencionar a la gobernadora Layda Sansores e impuso a Tribuna Campeche la revisión previa de todo su contenido por un interventor judicial. El veto se dicta a pesar de que una corte federal ya había declarado inconstitucional una sanción previa contra el mismo informador.
- En Puebla, la reforma al art. 167 del Código Penal amplía el delito de “ciberacoso” e introduce “violencia digital” castigando con prisión publicaciones que “afecten la dignidad” de una persona. La SIP alerta que la redacción, vaga y amplia, habilita castigar la crítica a funcionarios.
- En Ciudad de México, el INE exigió a La Silla Rota la entrega de documentos, videos y fuentes sobre la investigación de los llamados “acordeones” electorales, bajo amenaza de multas de hasta 11 millones de pesos. El portal defiende su derecho al secreto profesional.
La Alianza de Medios Mx documentó hechos similares, en los que el Tribunal Electoral de Tamaulipas ordenó retirar una columna de Héctor de Mauleón de El Universal, y el INE solicitó a la periodista Laura Brugés revelar la identidad de una fuente.
Un entorno cada vez más hostil
Dutriz consideró que estos casos “no son hechos aislados, sino síntomas de un entorno institucional cada vez más hostil al periodismo”.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de Organización Editorial Mexicana, subrayó que estos precedentes “institucionalizan el silencio”:
“Si un medio local debe someter sus notas a un interventor o un reportero enfrenta multas millonarias por no revelar fuentes, estamos ante formas sofisticadas de coerción incompatibles con la democracia”, ahondó.
El Índice Chapultepec de la SIP ya ubica a México entre las naciones con mayores restricciones estructurales a la prensa en el hemisferio con un entorno marcado por impunidad, violencia y ahora también por la instrumentalización del aparato judicial y legislativo para censurar.
