El Consejo de la Prensa Peruana expuso en el Informe del Consejo de la Prensa Peruana, una preocupante oleada de agresiones físicas, amenazas y acciones judiciales contra más de 20 periodistas y medios de comunicación tan solo en septiembre de 2025.
Los ataques van desde los perpetrados por la Policía Nacional durante protestas, hasta intentos de levantar el secreto de las comunicaciones a periodistas de investigación.
Entre los casos documentados destaca la solicitud del levantamiento del secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz y César Prado, y la amenaza de muerte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, al periodista Gustavo Gorriti, entre otros.
“Es evidente que la Policía Nacional ha abierto un frente de agresión y hostigamiento contra la prensa”, afirmó el CPP en el informe.
La organización rechazó además el uso desproporcionado del sistema penal para intimidar a periodistas, así como la creciente tendencia a exigir la remoción de contenidos y la revelación de fuentes, sobre todo en regiones donde los jueces desconocen los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
Asimismo, advirtió que la normalización de investigaciones contra periodistas socava el Estado de derecho y genera un ambiente de miedo e inhibición para ejercer el periodismo crítico.
Agresiones y amenazas judiciales
El informe del CPP documenta que durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso peruano en septiembre, al menos 20 periodistas fueron víctimas de agresiones físicas, hostigamiento o robo de equipos mientras realizaban cobertura en las calles.
La Policía Nacional del Perú disparó perdigones de goma a comunicadores como Jahaira Pacheco y Percy Grados, y empujó brutalmente al reportero Jorge Ballón, quien grababa los hechos.
Medios como La República, Canal N, Ojo Público, Hildebrandt en sus Trece, Exitosa, El Foco, ATV, Wayka, Reuters y Vía TV reportaron múltiples incidentes que reflejan tanto la violencia institucional como la creciente intolerancia de algunos manifestantes hacia la prensa.
En paralelo, se registraron varios intentos de instrumentalizar el aparato judicial para silenciar el trabajo periodístico:
- Rodrigo Cruz y César Prado, periodistas de investigación, enfrentan una solicitud de levantamiento del secreto de sus comunicaciones por parte de la Procuraduría Anticorrupción. La acusación por el presunto delito de cohecho, basada en declaraciones no corroboradas, ha sido rechazada por ambos periodistas, quienes niegan haber recibido pedidos indebidos de parte de funcionarios.
- El Congreso evalúa un proyecto de ley impulsado por el congresista José Luis Elías que busca sancionar la publicación de mensajes de texto o correos electrónicos “sin que medie interés público evidente”.
- El diario Los Andes enfrenta una demanda de habeas data y una querella por difamación. El juez Juan Francisco Ticona Ura exige al medio retirar una nota y revelar la fuente que proporcionó información sobre una funcionaria sancionada, lo cual atenta directamente contra el secreto profesional y la libertad de prensa.
Incitación al odio desde el poder y nuevas formas de censura
Uno de los hechos más alarmantes es la amenaza de muerte pública del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, contra el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros.
En un evento, López Aliaga expresó que "hay que cargarse a Gorriti", expresión que en jerga local implica eliminarlo físicamente. El periodista ya ha anunciado acciones legales por incitación al asesinato.
López Aliaga, aspirante presidencial con el 11% de intención de voto, ha sido reiteradamente hostil con la prensa y ha prometido expulsar del país a Gorriti si llega al poder.
En tanto, la Policía Nacional del Perú declaró como “información reservada” las denuncias en sus sistemas internos, bloqueando durante cinco años el acceso a datos de alto interés público. Esto no solo viola principios constitucionales de transparencia, sino que obstaculiza la rendición de cuentas y la labor periodística.
Además, la periodista Karla Ramírez, de Panamericana TV, fue denunciada por la misma Policía por acoso, tras intentar obtener el punto de vista institucional para un reportaje. El Consejo de la Prensa Peruana lo calificó como una forma de venganza legal.
