El Salvador enfrenta un grave deterioro en las condiciones para el ejercicio periodístico, con un entorno hostil caracterizado por acoso, falta de transparencia y uso intensivo de aparatos de propaganda estatal. Así lo advirtió Artur Romeu, director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF), tras una visita oficial de tres días al país centroamericano.
En entrevista con la agencia EFE, Romeu describió la situación como una “problemática sistémica” que compromete las garantías necesarias para el libre ejercicio del periodismo.
Durante su estancia en el país, el equipo de RSF sostuvo reuniones con periodistas, representantes de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil con el fin de recopilar testimonios y documentar denuncias de persecución, allanamientos, presiones administrativas y censura financiera.
“En esos pocos días, comprobamos que la situación es incluso más grave de lo que habíamos anticipado. Existe una estructura consolidada desde el Estado para obstaculizar y deslegitimar el trabajo de los periodistas”, señaló Romeu.
Desinformación desde el Estado y ataques directos a mujeres
Según el director de RSF, el gobierno salvadoreño ha montado una maquinaria de propaganda mediante medios oficiales que, en lugar de operar como entes públicos, funcionan como herramientas al servicio del Ejecutivo.
A ello se suma un ecosistema digital de influencers, youtubers y cuentas afines que, de manera orgánica o artificial, difunden contenido favorable al gobierno y atacan a medios críticos.
“Forman una máquina de destrucción, de reputación con acciones de acoso digital en contra de periodistas y de medios de comunicación, en particular de periodistas mujeres que se vuelven el blanco de ataques que buscan estigmatizar su trabajo, deslegitimar su acción, su trabajo como periodistas”, expuso Romeu.
En este contexto, criticó también el uso de redes sociales por parte del presidente Nayib Bukele para difundir desinformación y deslegitimar a medios y periodistas.
Durante su visita, RSF también documentó serias limitaciones al acceso a la información pública y denuncias sobre allanamientos ilegales, confiscación de equipo periodístico, intimidaciones en espacios como la Asamblea Legislativa y campañas de estigmatización persistente en redes sociales.
