La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) advirtió que el concepto de seguridad nacional está siendo utilizado de forma creciente por gobiernos para perseguir, encarcelar, vigilar, censurar y forzar al exilio a periodistas, bajo argumentos que desvirtúan su propósito original de proteger al Estado.
Anne Bocandé, directora editorial de la organización, advirtió que cada proceso judicial abusivo, detención arbitraria o legislación utilizada contra la prensa debilita no solo la libertad de informar, sino también el derecho de la sociedad a acceder a información de interés público.
En el informe “Cuando la seguridad nacional se convierte en un arma contra el periodismo”, presentado en línea con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, RSF sostiene que el uso de la seguridad nacional para restringir el trabajo periodístico se replica en distintas regiones del mundo.
De acuerdo con el informe, en América Latina, argumentos de seguridad nacional suelen vincularse con la doctrina del “enemigo interno” y adopta diversas formas, entre ellas acusaciones de terrorismo, traición o propaganda, vigilancia ilegal, restricciones al acceso a la información y presiones contra periodistas que investigan corrupción, fuerzas de seguridad, crimen organizado, conflictos ambientales o grupos armados.
RSF identifica esta tendencia en países como Nicaragua, Brasil, Colombia, México y Chile.
Asimismo, alertó sobre la expansión internacional de modelos represivos, como las leyes de “agentes extranjeros” inspiradas en Rusia y los sistemas de control digital desarrollados por China, que posteriormente son replicados en otros países.
Entre los casos de periodistas procesados bajo argumentos vinculados con la seguridad nacional, entre 2020 y 2026, figuran la ejecución del periodista saudí Turki al-Jasser, el encarcelamiento de la periodista filipina Frenchie Mae Cumpio y de la periodista china Zhang Zhan.
En tanto, el medio independiente Crimean Solidarity fue incluido en la lista rusa de “agentes extranjeros”; y en Estados Unidos el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió citatorios contra periodistas de The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal en una investigación sobre filtraciones.
Ademas, en China se reportó la ampliación de la legislación antiterrorista y el encarcelamiento del editor hongkonés Jimmy Lai.
De acuerdo con el informe de RSF, se observan también precedentes preocupantes en países democráticos, donde aumentan las investigaciones judiciales, la vigilancia y el uso de leyes de espionaje contra periodistas.
Entre los casos mencionados figura el de la periodista francesa Ariane Lavrilleux, investigada tras revelar una operación de inteligencia entre Francia y Egipto; las reformas a la Ley de Seguridad Nacional del Reino Unido; la condena del periodista finlandés Juha Mäntylä; el escándalo del software espía Predator en Grecia; y los procesos iniciados contra Julian Assange bajo la Ley de Espionaje de Estados Unidos.
Según la organización, esta tendencia coincide con un deterioro del indicador legal de la libertad de prensa en más del 60% de los países entre 2025 y 2026, de acuerdo con su clasificación mundial.
Herramienta de censura
Ante este escenario, RSF recomendó evitar que la seguridad nacional continúe utilizándose como herramienta de censura.
Asimismo, sugirió definir con precisión qué constituye una amenaza a la seguridad nacional; reconocer la excepción de interés público en procesos relacionados con información clasificada; impedir el uso indebido de leyes antiterroristas contra periodistas; y fortalecer la protección de las fuentes.
También recomendó someter la vigilancia a autorización judicial; garantizar el debido proceso; crear recursos efectivos contra procesos abusivos; proteger el ejercicio periodístico durante conflictos y estados de emergencia; evitar la utilización de mecanismos internacionales para perseguir periodistas en el exilio; y establecer un sistema internacional de seguimiento de la represión transnacional.
"Estas garantías son indispensables para asegurar que cualquier restricción al periodismo siga siendo excepcional, necesaria y proporcional, evitando que la seguridad nacional continúe utilizándose como argumento para limitar el derecho de la sociedad a estar informada", expuso RSF.
