La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebró el reciente fallo de la Sala Constitucional de Costa Rica que sienta un precedente clave en la defensa de la libertad de expresión.
El tribunal determinó que el retiro de pauta publicitaria por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Banco Popular al programa televisivo El Chinamo, tras la emisión de su segmento satírico “El Chinaoke”, constituyó censura indirecta y una violación a derechos fundamentales.
El caso fue presentado mediante recursos de amparo por un abogado y un ciudadano adulto mayor, quienes denunciaron que la cancelación del patrocinio obedeció al contenido crítico del programa transmitido por Teletica Canal 7.
La Sala IV resolvió que las entidades estatales condicionaron el uso de fondos públicos a un alineamiento editorial, afectando de manera ilegítima la libertad de expresión.
“La decisión fortalece un principio esencial: la publicidad estatal no debe ser utilizada como mecanismo de premio o castigo para condicionar contenidos periodísticos o artísticos”, afirmó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, subrayó la legitimidad del humor político y la sátira como formas de crítica democrática.
El Chinaoke abordó en su temporada 2024 temas como inseguridad, desigualdad y deficiencias en los servicios públicos, lo que provocó la reacción de las instituciones ahora sancionadas. Tras el fallo, Televisora de Costa Rica consideró que la resolución reafirma derechos vulnerados y anunció que evaluará acciones legales por daños y perjuicios.
La SIP ya había advertido sobre censura encubierta
La SIP recordó que ya había denunciado en diciembre de 2024 esta práctica como un intento de censura velada.
Además, celebró otros dos fallos recientes de la misma Sala que protegen a periodistas ante actos de hostigamiento e injerencia del Ejecutivo, en el contexto de una creciente tensión entre el gobierno de Rodrigo Chaves y la prensa crítica.
Este fallo se suma a una serie de decisiones que reafirman el papel de los medios como contrapeso democrático y envían un mensaje claro: el poder público no puede condicionar el ejercicio periodístico.
