La UNESCO urgió a los países de Latinoamérica y el Caribe a contar con un sistema judicial capacitado para identificar y desestimar los abusos legales ejercidos contra periodistas que están dirigidos a desalentar las investigaciones periodísticas y afectar la sustentabilidad financiera de los medios en detrimento de la libertad de expresión y la prensa independiente.
En el informe “Ataques legales contra el periodismo de investigación y la participación en asuntos de interés público en América Latina: estado del arte y recomendaciones”, Edison Lanza, destacó el aumento persistente de litigios penales y demandas civiles en LATAM, que son a menudo promovidos por autoridades y personalidades con poder económico.
En estos procesos, se alegan falsedades o abusos en el ejercicio de la libertad de expresión y tienen como objetivo iniciar procesos judiciales largos, costosos e intrincados que afectan desproporcionadamente a quienes investigan y difunden información crítica para la rendición de cuentas y el debate público, expuso el consultor en libertad de expresión y protección de periodistas para la UNESCO.
En este sentido, el ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), subraya la necesidad de contar con profesionales del sector judicial que estén capacitados para identificar los abusos en los litigios que amenazan la libertad de expresión.
Asimismo, considera crucial la aprobación de instrumentos legales que permitan desestimar de manera temprana este tipo de demandas.
Exhorta a Estados a garantizar la libertad de prensa
Entre las recomendaciones que brinda el autor destacan, para los gobiernos:
- Garantizar a los medios de comunicación y personas periodistas la libertad editorial y de prensa, en particular cuando abordan asuntos de interés público
- Abstenerse de imponer prohibiciones generales u ordenar cortes de Internet
- Evitar restringir el acceso a los medios o la cobertura de asuntos de interés público, incluso si dichos informes critican la forma en que las autoridades responden y rinden cuentas.
Asimismo, urgió a las autoridades públicas de abstenerse de estigmatizar, intimidar y amenazar a los medios de comunicación y periodistas, entre otras cosas, manifestando que los medios son “la oposición” o “mienten” y tienen una agenda política encubierta.
Lo anterior, debido a que dicha conducta agrava el riesgo de amenazas y violencia contra periodistas, y mella la confianza del público en el rol de vigilancia pública del periodismo.
Urge un marco legal claro
Asimismo, el informe urgió al Poder Legislativo a que el marco legal incluya seguridad jurídica para los medios de comunicación y determine, en los términos más claros y precisos posibles, la protección respecto a la difusión de informaciones de interés público.
“Los Estados deben suprimir toda ley sobre difamación penal, para que sean exclusivamente de índole civil y no dispongan la adjudicación de indemnizaciones excesivas por daños y perjuicios”, subraya el informe.
Asimismo, recomendó tanto al Poder Legislativo como al Judicial, que ante un asunto de interés público, la legislación incluya como factor para evaluar la responsabilidad de las personas autoras del reportaje, el principio de la 'real malicia'.
Este principio supone probar que el/la demandado/a obró con pleno conocimiento de la falsedad de la información transmitida o con total desprecio por encontrar la verdad.
Otra recomendación destacada es que las disposiciones legales exijan que las acciones destinadas a asuntos de participación pública, vayan acompañadas de un elevado umbral de prueba, que sea revisada en etapas tempranas del proceso para poder avanzar.
“En el marco legislativo y jurídico, los Estados deben precisar las conductas que pueden ser objeto de responsabilidad ulterior, de manera clara y precisa. No deben establecerse leyes generales ni ambiguas sobre desinformación, como prohibiciones respecto a la difusión de “falsedades” o “información no objetiva””, apunta el informe.
En tanto, llamó al Poder Judicial a que , la decisión de los y las operadoras judiciales respeten el principio de proporcionalidad en aquellos procesos en los que esté en juego el interés público de la información.
“En aquellos casos en los que las/los periodistas y los medios de comunicación reportan de forma fiel una denuncia o una información recibida, dando cuenta del origen de la misma, debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión", indica.
"El derecho de respuesta o la posibilidad de otorgar a la persona involucrada el derecho a dar su versión, es una forma proporcional de resolver este tipo de conflictos”, apunta el informe.
Además, exhortó a que los tribunales estén equipados con poderes especiales para desestimar demandas infundadas, abusivas o que puedan tener un efecto desproporcionado.
Asimismo, en el ámbito de fortalecimiento institucional, llamó a los poderes públicos y las escuelas judiciales a capacitar a los y las operadoras judiciales en los estándares internacionales vinculados a la libertad de expresión, la participación pública y la protección del periodismo.
Apoyo legal y acompañamiento para periodistas
El informe exhorta además a los medios de comunicación, a organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales a dar acompañamiento legal a los periodistas cuando enfrentan acciones legales
“Las organizaciones de las Naciones Unidas, incluida la UNESCO, en el marco del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de periodistas y la cuestión de la impunidad, deberían buscar incrementar el apoyo jurídico y la defensa de los y las periodistas, incluso a través del Fondo Mundial para la Defensa de los Medios”, expone.
Asimismo, llamó a los medios de comunicación y a los periodistas a apoyar sistemas efectivos de autorregulación, a nivel de sectores de medios específicos o individuales (editores públicos), que incluyen estándares para propiciar la veracidad de las noticias, contemplando el derecho de rectificación y/o réplica en el caso de hechos incorrectos.
En tanto, exhortó a las organizaciones civiles y a la academia a que las y los periodistas reciban formación para desarrollar su labor en entornos hostiles y comprendan de mejor manera las amenazas legales que enfrentan y cómo mitigarlas.
