Es una realidad en todo el país, las y los periodistas ejercen su profesión en un escenario de riesgo, se limitan al escribir o investigar y no saben si regresarán por las noches a casa. Las y los periodistas respiran miedo.
La constante para la población en gran parte del territorio nacional es la inseguridad. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizarla a todos y todas; en el caso de periodistas y profesionales de la comunicación, esta obligación del Estado adquiere una dimensión especial, ya que el derecho a la libertad de expresión (herramienta fundamental del ejercicio periodístico) es pilar esencial para el fortalecimiento de la democracia.
Los gobiernos federal y estatales deben crear las condiciones, generar las herramientas de protección para el efectivo goce del derecho a la libertad de expresión. No se trata simplemente de establecer un régimen especial de protección para periodistas u otros grupos en situación de vulnerabilidad, estamos hablando de proteger a estos grupos para fortalecer a nuestras sociedades.
Queda claro que es el Estado el que debe garantizar el efectivo goce de los derechos humanos, en este caso, el de la libertad de expresión, pero sin afán de disminuir esta responsabilidad es importante que otros actores también se sientan comprometidos. Es importante precisar que las y los periodistas debemos ser más profesionales.
Prepararnos constantemente, realizar coberturas en zonas de riesgo con una dosis extra de atención, y sobre todo, fortalecer un espíritu de apoyo, respaldo, compañerismo con otras y otros colegas periodistas. Es lamentable ver cómo ante la agresión a un colega, somos los mismos periodistas quienes hacemos eco de versiones que culpabilizan a la víctima. “Estaba vinculado con el narco”, “en algo estaba metido”, “fue un crimen pasional”, frases que repetimos o publicamos sin considerar que estamos responsabilizando a las víctimas, y alentando a la impunidad. Solidaridad debería ser el verbo a conjugar.
Javier Solórzano Zínzer
Periodista
