Al menos 456 personas fueron espiadas en México con el software Pegasus en solo dos meses —entre abril y mayo de 2019— durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, según documentos judiciales revelados en el juicio entre WhatsApp y la empresa israelí NSO Group.
El análisis realizado por Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) revela que estos casos representan el 37% de todos los ataques registrados a nivel global en ese mismo periodo.
Con esta cifra, México se posiciona como el país con el mayor número de víctimas de espionaje ilegal mediante Pegasus, una herramienta que suele emplearse contra periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos. En ese mismo lapso, India reportó 100 víctimas y Baréin, 82.
“Las 456 víctimas corresponden únicamente a un periodo de dos meses, lo que sugiere una escala aún mayor en el uso de esta herramienta intrusiva”, alertaron ambas organizaciones.
El listado fue presentado por WhatsApp como prueba en el litigio que se desarrolla en una corte federal de Estados Unidos. Según la evidencia, los ataques se realizaron aprovechando una vulnerabilidad en la aplicación de mensajería para instalar el spyware en dispositivos Android.
Durante la audiencia, los representantes legales de NSO Group reconocieron que el gobierno mexicano figura entre sus clientes vinculados a estos ataques, confirmando así el uso de Pegasus en el país, a pesar de las reiteradas negaciones oficiales.
Consulte los documentos judiciales en el enlace.
Llaman a regular las capacidades de vigilancia del Estado
La aceptación de NSO Group sobre la relación contractual con el Estado mexicano desmiente las reiteradas negativas de las autoridades. No obstante, las organizaciones consideraron que estas revelaciones refuerzan las denuncias de una política de vigilancia masiva fuera de todo control democrático, ejercida desde las instituciones de seguridad nacional.
Ante este panorama, Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales consideraron urgente eliminar la impunidad y garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del espionaje ilegal.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado el llamado a que el actual gobierno federal impulse una investigación independiente, transparente y eficaz, así como una reforma integral al marco legal que regule las capacidades de vigilancia del Estado.
