El informe de marzo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) advierte sobre un preocupante incremento en los ataques contra la prensa en el país, responsabilizando tanto al gobierno de Dina Boluarte como al Congreso de promover medidas que afectan la libertad de expresión y el derecho a la información.
Según el CPP, el Ejecutivo ha protagonizado al menos tres acciones hostiles contra la prensa en el último mes. Entre ellas, destaca la acusación de que los medios estarían promoviendo un “golpe de Estado blando” y el anuncio de una franja informativa exclusiva en medios de comunicación para transmitir actividades del Gobierno contra la inseguridad. Para el CPP, esta medida representa un intento de control informativo que atenta contra la pluralidad de voces y la labor fiscalizadora del periodismo.
Además, el informe menciona la denuncia presentada por el Centro de Emergencia Mujer contra el periodista Gustavo Gorriti, tras una controversia con la presidenta Boluarte. El organismo cuestiona el uso de una entidad estatal para enfrentar críticas periodísticas, lo que podría configurar un intento de intimidación contra el periodismo de investigación.
Por otro lado, en el Congreso han surgido tres iniciativas legislativas que ponen en riesgo la libertad de prensa. Una de ellas, próxima a ser promulgada, endurece las restricciones contra ONG que mantienen vínculos con medios de comunicación y que defienden derechos fundamentales. Otra medida, ya aprobada en primera votación, busca reducir drásticamente los tiempos de publicación de rectificaciones en los medios, dificultando su labor informativa.
El informe también documenta agresiones a periodistas en diversas regiones del país, como el caso de la reportera Jackeline Rodríguez, quien fue atacada por agentes del Estado, y la detención del comunicador Edgar Alarcón.
El deterioro de la libertad de prensa en Perú ha sido motivo de preocupación internacional. Recientemente, una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) visitó el país y constató un "fuerte debilitamiento" de este derecho, señalando la creciente hostilidad, persecución judicial y estigmatización contra los medios.
Con estas alertas, el CPP subraya la urgencia de garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo y evitar que el Estado continúe minando uno de los pilares fundamentales de la democracia.
