La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la exclusión de las libertades de expresión y de prensa en la agenda pública del actual proceso de transición política en Venezuela, y urgió a adoptar medidas concretas que garanticen el ejercicio libre e independiente del periodismo.

La organización advirtió que la omisión de estos derechos fundamentales en las discusiones sobre reformas institucionales, judiciales y económicas representa una señal crítica que compromete la viabilidad de una transición democrática real. En ese contexto, subrayó que sin una prensa libre no es posible consolidar un proceso democrático legítimo ni sostenible.

En un comunicado de prensa, la SIP señaló que la reconstrucción institucional del país requiere restablecer de forma efectiva las garantías para la libertad de expresión, el acceso a la información y el ejercicio del periodismo.

La SIP enfatizó que la ausencia de estos temas en la agenda perpetúa un entorno marcado por censura, persecución y autocensura.

Entre las principales preocupaciones, la SIP destacó el bloqueo informativo impuesto por el ente regulador CONATEL, que, en coordinación con operadores de telecomunicaciones, restringe el acceso a más de 60 portales de noticias nacionales e internacionales, incluidos medios como El Nacional, CNN en Español, Infobae y NTN24.

Asimismo, alertó sobre la persistencia de procesos judiciales arbitrarios, órdenes de captura y otras formas de criminalización del ejercicio periodístico que han derivado en el exilio forzado de cientos de comunicadores. A ello se suman restricciones administrativas que limitan la obtención de documentos oficiales o el retorno al país, configurando mecanismos indirectos de persecución.

La SIP también denunció la confiscación de bienes y medios de comunicación, lo que ha debilitado gravemente el ecosistema informativo. Como caso emblemático, mencionó el despojo de instalaciones del diario El Nacional, acompañado de acciones judiciales contra bienes de familiares de su propietario.

En este contexto, la organización instó a las autoridades de transición, con el respaldo de la comunidad internacional y organismos intergubernamentales, a implementar medidas urgentes que incluyan el levantamiento del bloqueo informativo, la restitución de garantías jurídicas y personales para periodistas, la devolución de activos confiscados y la protección integral frente a amenazas.

También subrayó la necesidad de asegurar que periodistas recientemente liberados tras detenciones arbitrarias puedan retomar plenamente su labor sin restricciones ni represalias.

La SIP concluyó que la persecución judicial, la censura digital, el exilio forzado y la confiscación de medios configuran un entorno incompatible con cualquier proceso serio de recuperación democrática, y reiteró su disposición a acompañar iniciativas que garanticen una transición sustentada en el respeto irrestricto de los derechos fundamentales.