La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó como “un triunfo para la libertad de prensa en la región” el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que desestimó en definitiva una demanda civil de 25 millones de dólares contra el diario La Prensa. 

Con decisión unánime, la Sala Primera de lo Civil concluyó que las tres publicaciones cuestionadas de 2006 sobre el fallecido ex magistrado César Pereira Burgos, estaban amparadas por el interés público y el derecho ciudadano a estar informado, descartando además que los hechos difundidos fuesen falsos.

De acuerdo con el diario La Prensa, el fallo también advirtió sobre el riesgo de autocensura derivado de demandas con montos exorbitantes.

“…No pueden prosperar aquellas indemnizaciones que solo buscan satisfacer los sueños de fortuna de los demandantes, inflando desmedidamente sus cuantías a fin de acallar a quienes solo han ejercido su derecho a expresarse”, subrayó el tribunal.

José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, dijo que la resolución “reafirma que el interés público debe prevalecer sobre cualquier intento de silenciar a los medios mediante litigios millonarios”. 

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), añadió que el dictamen envía “un mensaje claro contra la judicialización abusiva del periodismo” al recordar que los comunicadores “no pueden ser castigados por indagar y revelar asuntos que involucran a figuras públicas”.

Un respiro

La Corporación La Prensa enfrenta 14 demandas civiles y 5 penales, interpuestas por ex funcionarios, contratistas estatales, legisladores y otras personalidades, entre ellas el expresidente Ernesto Pérez Balladares y la ex jueza Argentina Barrera, quienes reclaman en conjunto cerca de 40 millones de dólares. 

La legislación de Panamá, permite que un demandante reclame el congelamiento de activos de un medio durante el transcurso de un proceso judicial, aun sin que haya sentencia.

Los demandantes suelen echar mano intencionalmente de montos desorbitados, que generan a los medios abultados costos para afrontar las demandas judiciales, más allá de que la causa termine siendo desechada, una práctica que la SIP ha denunciado como herramienta de presión y posible causa de autocensura.

La SIP recordó que ha impulsado en varios países la despenalización de las acusaciones por “honor y reputación” contra periodistas y la introducción de criterios de proporcionalidad en las reparaciones civiles. 

Para la organización, el precedente panameño confirma que la investigación periodística, eje en la rendición de cuentas, no debe quedar sujeta a procesos penales, sanciones desmesuradas ni a medidas que paralicen la operación de los medios.