El Gobierno argentino formalizó ayer jueves la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un organismo que, bajo el argumento de combatir la desinformación, se dedicará a refutar contenidos periodísticos o declaraciones políticas que la administración de Javier Milei considere falsas o maliciosas.
La nueva instancia operará principalmente desde la red X (antes Twitter) y dependerá de la Dirección Nacional de Comunicación Digital.
La oficina fue presentada como un intento de “combatir la desinformación’” y establecer un canal directo de refutación ante lo que el Gobierno define como “operaciones” mediáticas o tergiversaciones de sus políticas, e indicó en que su objetivo es sumar una voz oficial para desmentir “operaciones de la casta”.
La creación de esta oficina ocurre en un contexto de alta polarización política y cuestionamientos al manejo informativo del Ejecutivo.
FOPEA y ADEPA rechazan la creación del organismo
En respuesta al anuncio, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), emitieron comunicados separados en los que expresaron su “profunda preocupación” por lo que considera un intento del Estado de colocarse como árbitro absoluto del discurso público.
“Advertimos sobre la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un ‘tribunal de la verdad’ […] Utilizar estructuras y recursos públicos para vigilar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica es inaceptable en una sociedad democrática”, señaló FOPEA.
El organismo recordó que el compromiso del periodismo es con la búsqueda de la verdad a través del chequeo riguroso y la pluralidad de fuentes, y no con la imposición de verdades oficiales.
Advirtió que la iniciativa ocurre en un contexto de creciente opacidad del Gobierno nacional y debilitamiento de los canales formales de información pública.
Por su parte, la ADEPA señaló que el problema no radica en la existencia de una oficina de comunicación institucional, sino en “la dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle”.
ADEPA cuestionó el enfoque del Gobierno, que parte del supuesto de que quienes publican información errónea lo hacen con intención deliberada.
“Combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario en toda sociedad democrática. Pero el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública”.
Asimismo, la organización alertó que si este tipo de organismos estatales asumen funciones de monitoreo o verificación de contenidos, corren el riesgo de transformarse en mecanismos de vigilancia o disciplinamiento indirecto del periodismo y de las opiniones críticas.
ADEPA también llamó la atención sobre el sesgo del anuncio oficial, que pone el foco únicamente en las “operaciones de los medios” y omite referirse a la gran cantidad de falsedades y manipulaciones que circulan en redes sociales a través de cuentas anónimas o bots.
