El número de agresiones y la crueldad misógina ejercida contra las mujeres periodistas en el país creció significativamente a partir del sexenio pasado, al tiempo que la política pública de protección retrocedió, señala el informe de CIMAC, “Las formas del asedio: Violencia contra las mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador”.
Las estadísticas documentan que 7 de cada 10 (69.8%) de las agresiones reportadas contra las mujeres periodistas son psicológicas; por lo que 36.4% han pensado en dejar el oficio y un tercio (27.3%) lo estaban considerando en el momento de ser entrevistadas.
La violencia psicológica no solo genera un alto nivel de estrés sino que además deteriora la salud física y golpea la libertad de expresión mediante la autocensura.
“Cerramos un sexenio con el doble de agresiones respecto del periodo anterior y con un Mecanismo de Protección urgido por cerrar casos, retirar medidas y dificultar nuevos ingresos justo cuando más se necesita”, indica el informe.
Las consecuencias, señala CIMAC, se manifiestan en reubicaciones sin acompañamiento ni recursos, desplazamiento forzado y exilio, abandono del periodismo, cierres de medios, aislamiento y endeudamiento.
En este sentido, el informe urge a corregir rezagos del Mecanismo de Protección a Periodistas.
Mecanismo de Protección con rezagos críticos
CIMAC reconoce que si bien el Mecanismo es un avance institucional que ha otorgado más de 35 mil medidas desde su creación, documenta fallas estructurales en todas sus fases, destacando un seguimiento deficiente, retrasos y comunicación poco humana con las víctimas, y la limitación de medidas por criterios presupuestales, contraria al principio de máxima protección.
Asimismo, subraya evaluaciones de riesgo con vacíos, es decir con escasa incorporación de factores socioculturales y de género y limitada capacidad de trabajo de campo.
Indica además que la Junta de Gobierno cuenta con participación irregular y baja capacidad decisoria.
A lo anterior, suman el retroceso en la interlocución, ya que 38 periodistas y defensoras enviaron una carta a Presidencia y la Secretaría de Gobernación para solicitar una reunión de trabajo, pero no se obtuvo respuesta durante 264 días.
La CIMAC pidió pasar de la reacción a la prevención integral, con perspectiva de género e interseccionalidad.
Entre las acciones clave, la organización sugiere:
- Presupuesto suficiente y sostenido para planes de protección; que las medidas no dependan del dinero disponible en caja.
- Diálogo estructurado y permanente con sociedad civil; reactivar el grupo especializado en género (CNDH) y fortalecer “La Equipa” dentro del Mecanismo.
- Mejorar evaluaciones de riesgo: más trabajo de campo, mapeo de agresores, análisis contextual y atención psicosocial.
- Cerrar la brecha entre ley y práctica: cumplir plazos, canales de comunicación claros y respetuosos, y monitoreo continuo para ajustar medidas.
- Participación efectiva de todas las dependencias en la Junta de Gobierno e incorporación de instancias clave: mujeres, salud, CONAPRED, CEAV.
- Capacitación con enfoque humano para evitar la revictimización y reconocer la autopercepción del riesgocomo insumo central.
- Datos desagregados (género, etnicidad, discapacidad, etc.) para decisiones basadas en evidencia.
- Medidas estructurales y preventivas: pronunciamientos públicos de respaldo, mesas interinstitucionales y campañas contra la estigmatización.
