Costa Rica dejó de ser uno de los pocos países de América Latina sin una ley de acceso a la información pública, la cual entró en vigencia el 1 de noviembre y comenzó un plazo de seis meses para que las instituciones publiquen y mantengan actualizada la información señalada.
Otros países sin una regulación de este tipo en Latam son Cuba, Bolivia y Haití.
La Ley Marco de Acceso a la Información Pública, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 8 de octubre tiene por objeto que el Estado garantice el cumplimiento efectivo del derecho humano de acceso a la información pública, de forma proactiva, oportuna, oficiosa, completa y accesible.
De acuerdo con una nota de LatAm Journalism Review (LJR), Raúl Silesky Jiménez, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión de Costa Rica (IPLEX), explicó que si bien es cierto que el país ha tenido protegido y garantizado el acceso a la información pública, establecido en el Artículo 30 de la Constitución Política, a través de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la resistencia de funcionarios públicos por suministrar información ha ido en aumento.
Sanciones claras
Para Silesky, uno de los aspectos más importantes de la elaboración de la ley, fue la participación de organizaciones de la sociedad civil y otros sectores, incluidos Proledi, IPLEX y el medio Delfino.cr.
Uno de los aspectos destacados en la ley es que la definición de los sujetos obligados a entregar información es amplia y va más allá de los poderes del Estado y administración descentralizada para incluir algunos privados que manejen información de interés público, como los partidos políticos.
Asimismo, la iniciativa aprobada mantiene la jurisprudencia garantista establecida en sentencias previas de la Sala Constitucional y agrega el principio de inclusión, señalaron especialistas a LJR.
Otro elemento relevante de la ley son las sanciones para quienes violen este derecho, que van desde amonestaciones orales hasta suspensiones sin goce de sueldo.
La Ley estipula el proceso para solicitar la información y el plazo que se tiene en entregarla, la ley obliga a las instituciones a justificar por qué se niega una información y la ciudadanía no debe exponer los motivos por los cuales está solicitando algo.
